En un movimiento que no sorprende a nadie en el sector, Central Romana, una de las empresas pilares de la economía, ha manifestado su apoyo al Decreto núm. 719-26. Esta disposición, promulgada por el presidente Luis Abinader, busca organizar y regular la Zafra Azucarera 2026-2027. La verdad es que esta vaina de decretos anuales es lo de siempre, asegurando que todo se ajuste a la ley que rige al Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR), una institución clave para el orden en el patio.
Para los que nos movemos en el sector, la empresa dejó claro que ‘estamos de acuerdo con el mismo’. Este decreto no es solo un papel; establece las reglas claras para la producción, asegura que el mercado nacional esté bien abastecido y, a la vez, garantiza que se cumplan los compromisos de exportación de azúcar hacia mercados preferenciales, como el de Estados Unidos y otros destinos internacionales. Es decir, se busca que la cosa funcione sin contratiempos, con la caña de azúcar llegando a todos lados.
El objetivo principal del decreto es asegurar que la producción de la nueva zafra, junto con cualquier excedente del año anterior, se utilice primero para satisfacer la demanda interna. Después de cubrir la necesidad local, se destina lo que queda para cumplir con los contratos de exportación. Además, para que nadie se haga el ‘tigueraje’, la disposición subraya que INAZUCAR tendrá la vista puesta en todas las operaciones comerciales del sector, y si hay que importar azúcar para que no falte, pues se emitirán las licencias correspondientes, todo como manda la ley.
Una de las medidas más importantes, y que la gente del sector debe tener bien clara, es la exigencia de permisos de INAZUCAR para cualquier embarque de azúcar, melaza o sus subproductos que salga del país. No es que cualquiera va a mandar lo que le dé la gana de una vez. Los Certificados de Elegibilidad sobre Cuota (CQE), que son el ‘ticket’ para exportar a Estados Unidos, solo se les darán a los ingenios y empresas productoras autorizadas. Esto evita que terceros no autorizados se metan en ese coro y traten de sacar provecho, manteniendo la transparencia y el control.
La normativa también le da una mano a los ingenios para que operen con programas específicos de molienda y producción, pero con una condición clara: la prioridad es el abastecimiento local. Luego, tienen que cumplir con sus compromisos comerciales internacionales. Esta medida busca un equilibrio entre la eficiencia productiva y la responsabilidad social de asegurar que la gente de aquí tenga su azúcar primero, antes de mandar para ‘allá fuera’, una estrategia que siempre ha sido fundamental para la estabilidad económica del país en este rubro.
Para mantener la supervisión de esta vaina bien jeva, el decreto establece obligaciones de información para las empresas azucareras que comercian en el extranjero. Los ingenios deberán notificar sus ventas internacionales en un plazo de ocho días después de realizarlas, y tienen el mismo tiempo para enviar una copia fiel de sus contratos. Además, deberán presentar los certificados con datos de cantidad, polarización y materias extrañas a más tardar tres días hábiles después de recibir el informe de desembarque. ¡Así es que se trabaja con transparencia!
Y para que no se diga que no se avisó, las empresas también tendrán que reportar mensualmente cualquier variación en sus estimaciones de producción o en el cumplimiento de las cuotas asignadas. Si no declaran a tiempo los déficits que puedan afectar sus compromisos, el Poder Ejecutivo podría meter sanciones, como la reducción proporcional de sus cuotas para la siguiente zafra. Esto, definitivamente, es para que todo el mundo esté en línea y la supervisión estatal de la actividad azucarera garantice el abastecimiento nacional y el cumplimiento de los compromisos de exportación durante la zafra 2026-2027 esté de lo más bien.
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