A pesar de que este invierno sigue poniendo a prueba la defensa de Bitcoin (BTC), algunos legisladores se esfuerzan por poner sus nombres en la lista caliente de criptomonedas, entre los que se encuentran senadores de Estados Unidos como Cynthia Lummis y Pat Toomey. La senadora estatal Wendy Rogers, de 68 años, presentó dos audaces proyectos de ley en la legislatura de Arizona. Uno se centra en convertir a BTC en moneda de curso legal en el estado norteamericano. Si se aprueba como ley, el BTC tendrá el mismo estatus que el dólar estadounidense, convirtiéndose en un medio de cambio aceptado para el pago de deudas, cargos públicos, impuestos y cuotas en el estado. El proyecto de ley no es el primer intento de Rogers de convertir a BTC en moneda de curso legal, ya que un proyecto similar fue rechazado en 2022.
Rogers también participó en la introducción de un proyecto de ley que busca hacer de la criptomoneda un bien exento de impuestos en el estado. Junto con los senadores Sonny Borrelli y Justine Wadsack, Rogers propuso dejar que los residentes de Arizona decidan sobre la modificación de la constitución del estado con respecto a los impuestos a la propiedad. Si la medida se aprueba en la legislatura, los votantes podrían optar por eximir de impuestos a las monedas digitales, en concreto a los tokens que no sean “una representación del dólar estadounidense o de una moneda extranjera”.
Aunque no tan audaz, se presentó otro importante proyecto de ley en la Asamblea del Estado de Nueva York. El proyecto de ley permitiría a las agencias estatales aceptar criptomonedas como forma de pago de multas, sanciones civiles, impuestos, tasas y otros pagos cobrados por el Estado. El proyecto de ley no obliga a las agencias estatales a aceptar criptomonedas como forma de pago, pero aclara que las agencias estatales pueden acordar legalmente aceptar tales pagos y que los tribunales deben hacer cumplir estos acuerdos.
El destino de la cripto legislación será decidido por la Corte Suprema de Panamá
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, envió la cripto legislación aprobada el año pasado al tribunal supremo para su revisión, alegando que la llamada “cripto ley” es inaplicable y viola el principio básico de la constitución. El presidente Cortizo también argumentó que el proyecto de ley se había aprobado mediante un procedimiento inadecuado tras su veto parcial de la legislación en junio de 2022. En ese momento, el presidente argumentó que el proyecto de ley necesitaba más trabajo para cumplir con las nuevas regulaciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional para mejorar la transparencia fiscal y prevenir el lavado de dinero.
Corea del Sur implementará un sistema de seguimiento de criptomonedas en 2023
El Ministerio de Justicia de Corea del Sur ha anunciado planes para introducir un sistema de criptoseguimiento para contrarrestar las iniciativas de lavado de dinero y recuperar fondos vinculados a actividades delictivas. El “Sistema de seguimiento de moneda virtual” se utilizará para monitorear el historial de transacciones, extraer información relacionada con las transacciones y verificar el origen de los fondos antes y después del envío. Si bien el sistema está programado para implementarse en la primera mitad de 2023, el ministerio de Corea del Sur compartió planes para desarrollar un sistema de seguimiento y análisis independiente en la segunda mitad del año.
El regulador de valores de EE. UU. investiga a Wall Street por la custodia de criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha estado investigando a los asesores de inversión tradicionales de Wall Street que pueden ofrecer la custodia de activos digitales a sus clientes sin las calificaciones adecuadas. Gran parte de los esfuerzos de la SEC en esta investigación examinan si los asesores de inversiones registrados han cumplido con las reglas y regulaciones sobre la custodia de los criptoactivos de los clientes. Por ley, las empresas de asesoría de inversiones deben estar “calificadas” para ofrecer servicios de custodia a los clientes y cumplir con las garantías de custodia establecidas en la Ley de Asesores de Inversiones de 1940.
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