Según el expediente de solicitud de medida de coerción, el exprocurador Jean Alain Rodríguez y exencargado de almacén de la Procuraduría General de la República, Jhonnathan Joel Rodríguez Imbert, violaron la Ley de Compras y Contrataciones Públicas al fraccionar los procesos para beneficiar a una sola empresa en todos los eventos que realizaba el organismo.

¿Cómo? Según, la Pepca, para no convocar una licitación pública, la gestión del exprocurador autorizó el fraccionamiento para la contratación y pagos de servicios. La ley 340-06 establece que «La autoridad administrativa con capacidad de decisión en un organismo público no permitirá el fraccionamiento de las compras o contrataciones de bienes, obras o servicios, cuando éstas tengan por objeto eludir los procedimientos de selección previstos en esta ley para optar por otros de menor cuantía».

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Productiva SRL, fue la empresa que hizo su agosto en la Procuraduría durante gestión de Jean Alain, según Pepca.

Desde el período 2017 al 2020, Rodríguez materializó 55 pagos a la referida empresa, cuya suma global asciende a 72 millones 750 mil 243 pesos.

El fraccionamiento se hacía de la siguiente manera:

Cuando las compras son menores estas pueden ser directas y evitarse el procedimiento de una licitación pública. La Pepca establece que los procesos se fraccionaron intencionalmente para beneficiar a una misma empresa: Productiva SRL.

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«Dentro de los procesos adjudicados a Productiva SRL, durante el año 2018, oabservamos que los pagos realizados en virtud de cinco procesos tipificados como direntes «corresponden a un mismo evento: juramentación de titulares, y un mismo proveedor», cita el documento.

Productiva SRL tuvo vínculos directos con la gestión de Jean Alain, según la Pepca:

  • Entre sus socios fundadores se encuentra el comunicador Tomás Milton Cordero Báez, mejor conocido como Lechuga, quien fue nombrado como coordinador en la Coordinación Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria por Rodríguez con un salario de 75 mil pesos, nunca desempeñó esta función asegura el organismo persecutor.
  • Según la acusación de la PEPCA este era el «Modus operandis» de la red que no respetaba los procesos de transparencia destinados a evitar el despilfarro del dinero del Estado y la corrupción.
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