La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) sancionó a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) APS y Grupo Médico Asociado (GMA) por incumplir de manera reiterada con la entrega de información financiera requerida durante procesos de auditoría y fiscalización, una conducta que, según el órgano regulador, afecta la transparencia y el control del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
En el caso de APS, la sanción se origina en una auditoría financiera correspondiente al período enero–diciembre de 2024, durante la cual la ARS no entregó la documentación solicitada ni en los plazos ni en la forma requerida, pese a múltiples requerimientos formales de la Sisalril y comunicaciones que le instruían a presentar un plan de acción para corregir los hallazgos detectados.
La decisión está contenida en la Resolución 0019-2025, emitida el 24 de noviembre de 2025, mediante la cual la Sisalril impuso a APS dos multas de 1.9 millones de pesos, para un total de 3.8 millones.
Según la resolución, la Sisalril verificó que APS incurrió en una omisión reiterada e injustificada en la remisión de información financiera, llegando incluso a limitar el alcance de la auditoría.
Aunque la propia auditoría recoge que la empresa admitió deficiencias significativas y alegó que estas no respondían a mala fe ni a intentos de ocultamiento, el órgano regulador concluyó que la negativa inicial, las dilaciones injustificadas y la entrega extemporánea de información evidenciaron una resistencia sostenida a la labor fiscalizadora.
La sanción contra APS se produce además en un contexto de antecedentes recientes, luego de que la ARS fuera sancionada en años anteriores por afiliaciones falsas y otras irregularidades.
En cuanto a GMA, la Sisalril impuso sanciones mediante la Resolución 0018-2025, del 5 de noviembre de 2025, también con dos multas de 1.9 millones de pesos, para un total de 3.8 millones, elevando a 7.7 millones de pesos el monto global de las sanciones.
La Sisalril rechazó el argumento de GMA de que mantiene una “línea punitiva”, y recordó que, conforme al artículo 32 de la Ley 87-01, el ejercicio de la potestad sancionadora es una obligación, orientada a garantizar la legalidad, la equidad y la protección del interés público. Finalmente, el órgano supervisor ordenó a GMA la remisión y carga inmediata de los esquemas pendientes en la plataforma SIMON.
