«Los sistemas que se van a crear son multimonetarios, canastas de monedas. Y no hablemos del mundo de las cripto. Que nosotros iniciamos ese camino y tenemos que retomarlo.» Así se expresó Nicolás Maduro Moros durante un encuentro con representantes del sector bancario de Venezuela, indicando que la industria de criptomonedas vuelve a estar en su agenda política.
Maduro admitió que la causa del hiato en la política de criptomonedas de Venezuela fue que «un grupo de bandidos y ladrones destruyeron el camino de las cripto», haciendo alusión a la trama de PDVSA-cripto, probablemente el mayor caso de corrupción gubernamental con criptomonedas en lo que llevan de historia.
Este caso, que derivó en la presunta desaparición de 21 mil millones de dólares, trajo consigo una nueva era oscura para el ecosistema venezolano. Desde marzo de 2023, los exchanges fueron paralizados y la industria minera fue forzada nuevamente a la clandestinidad, o a suspender operaciones, con las pérdidas que ello implica. Todo esto debido a la falta de claridad jurídica que trajo el anuncio de reestructuración de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela (Sunacrip), proceso que se prometió para un plazo de seis meses, pero que, al día de hoy, mantiene acéfala a la máxima autoridad de criptoactivos del país y en incertidumbre a los actores de la industria.
En su alocución frente a los representantes de la Banca, Maduro no dio detalles sobre qué significa «retomar el camino de las cripto». Tampoco estableció si hay alguna fecha prevista para la reestructuración de la Sunacrip o si los mineros del país pueden volver a operar con normalidad.
Maduro tampoco detalló si se retomará el uso del Petro (PTR), presunta criptomoneda creada por el gobierno del país en 2020 pero cuya implementación ha sido tan errática que incluso se ha tenido que confirmar mediante Gaceta que sigue existiendo.
La mención de Maduro a las criptomonedas se hace pocos días después de que la congresista María Elvira Salazar anunciara la presentación de la Ley de Promoción de Libertades, Oportunidades y Derechos en Venezuela (VALOR) en el Congreso de Estados Unidos, tal como fue reportado por CriptoNoticias. Este proyecto de ley, previsto para septiembre, reafirma las sanciones financieras contra el Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA) y contra el Petro.