¡Klk, mi gente! Aquí en la media isla, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha soltado una verdad que está de lo más clara: la transparencia y la rendición de cuentas ya no son solo palabrerías en la ley, sino una exigencia de la ciudadanía que hay que coger en serio. El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, ha enfatizado que para tener un país más bacano, necesitamos modernizar las auditorías. Esto significa ir más allá de los números fríos y generar un valor público palpable que beneficie a todo el mundo, no solo a los que están en la pomada.
Asegún Castaños Guzmán, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) como nuestra Cámara de Cuentas, no deben ser vistas como simples revisores de papeles. ¡Qué va! Son pilares estratégicos, y tienen la misión de asegurar que cada peso que sale del erario se use estrictamente para el interés general. Imagínense que a pesar de los avances, todavía hay un viaje de percepción de corrupción, la gente no confía mucho en las instituciones y, para colmo, hay presiones políticas que buscan mangar el sistema. Este panorama nos grita que necesitamos auditorías que estén a la altura de la complejidad de la administración moderna.
El jurista ha dejado claro que las EFS tienen que evolucionar. Dejar de ser meras entidades que revisan lo que ya pasó (fiscalización reactiva) para convertirse en motores que generen valor público. Esto quiere decir que las auditorías no solo deben identificar si hay tigueraje o alguna vaina mal hecha, sino que deben servir como evidencia sólida para mejorar cómo se gasta el dinero y cómo se toman las decisiones en el gobierno. Es como decir: ‘no es solo buscar culpables, es ayudar a que no se repita y que el pueblo gane de verdad’. En otras palabras, que el proceso de auditoría se convierta en una herramienta de mejora continua, anticipándose a los problemas y fortaleciendo la calidad de la gestión pública.
Para que esta misión sea un éxito, Castaños Guzmán identificó tres condiciones que no tienen madre: la independencia total para operar sin que nadie les meta la mano; una capacidad técnica de primera, especialmente para manejar la vaina digital de estos tiempos; y una credibilidad pública que haga que los hallazgos tengan un impacto real en el debate nacional. Aquí es donde se echa el pleito de verdad, porque una institución sin credibilidad, por más que trabaje, no va a llegarle al corazón ni a la mente de la gente.
Afortunadamente, el país ha dado pasos importantes en su sistema de integridad, con instituciones como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) haciendo su parte. Sin embargo, es vital que estas entidades aprendan a hablar en ‘polilenguaje’, traduciendo esos hallazgos técnicos complejos en información que cualquier dominicano entienda. El control institucional, por chulo que sea, tiene que ir de la mano con el control social; la gente tiene que saber qué está pasando con lo suyo.
En resumen, la transparencia no es solo lo que dice una ley por ahí; se construye día a día, con la práctica y con instituciones sólidas, profesionales y, sobre todo, comprometidas con el bienestar del pueblo. Es un camino que requiere esfuerzo constante, pero que al final nos lleva a tener una democracia más robusta y una sociedad donde la confianza no sea un lujo, sino la norma. ¡Así es que la vaina va!
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