¡Klk, mi gente! Las autoridades medioambientales y de seguridad le han dado un golpe certero a la viveza y la irresponsabilidad que, lamentablemente, a veces se apodera de algunos. El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se unieron en un operativo que puso fin a un descarado depósito clandestino de residuos oleosos en la comunidad de La Guáyiga, Hato Nuevo, provincia Santo Domingo. Además, como si fuera poco, dos empresas que supuestamente operaban legalmente para el tratamiento de estos desechos fueron paralizadas por su vinculación directa con este esquema ilegal. ¡Una vaina bien seria!
Este caso pone de manifiesto cómo algunos individuos y empresas, movidos por la avaricia, están dispuestos a poner en riesgo nuestro medio ambiente y la salud pública de una forma que da mucho que pensar. El primer operativo, resultado de un viaje de trabajo de inteligencia conjunta, reveló un terreno convertido en un verdadero desastre ecológico. Allí, los agentes se encontraron con tres lagunas repletas de aceites usados y más de 20 tinacos llenos de este material tóxico, que era “procesado” sin el más mínimo protocolo de seguridad o respeto por las normas ambientales.
La situación era alarmante: estos desechos oleosos se vertían directamente en una cañada cercana. ¡Imagínense! No solo eso, sino que esta cañada estaba siendo rellenada con escombros, como si quisieran borrar la evidencia y, de paso, ampliar el terreno para seguir en la misma chercha de la ilegalidad. La contaminación de las cañadas y ríos es un problema viejo en nuestro país, pero ver cómo se intenta rellenar un cuerpo de agua para esconder un vertedero de materiales peligrosos, es simplemente inaceptable y una clara muestra de desprecio por nuestros recursos naturales.
Durante esta intervención, tres individuos fueron detenidos, incluyendo al propietario del terreno, quienes ahora tendrán que bregar con la justicia por sus acciones. Es importante destacar la contundencia de las autoridades, porque sin una mano dura, estos desmanes seguirán ocurriendo al garete, dañando lo que es de todos.
Pero la cosa no paró ahí. El tigueraje de la operación era aún más complejo. Un segundo operativo se enfocó en dos empresas ubicadas en la calle Lebrón, kilómetro 22 de la Autopista Duarte, también en La Guáyiga. Estas compañías, aunque autorizadas para recibir y tratar residuos oleosos de embarcaciones bajo una estricta cadena de custodia del Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Aduanas, estaban metiendo la pata de una forma increíble.
Según las investigaciones, los camiones tanqueros llegaban a estas plantas con los desechos, pero el producto no recibía el tratamiento adecuado. En cambio, era desviado de una vez hacia el depósito clandestino que había sido intervenido en el primer operativo. ¡Esto es un coro muy feo! Es un claro ejemplo de cómo la fachada de la legalidad puede ser utilizada para encubrir actividades criminales que dañan profundamente el ecosistema. Es una burla a las normativas y a la buena fe de quienes buscan un tratamiento adecuado para estos materiales peligrosos.
Las dos empresas fueron paralizadas mediante actas oficiales y sus representantes fueron notificados. Ahora están bajo investigación y se les aplicarán las sanciones correspondientes, que prometen ser bien pesadas. Este tipo de fraude, además de ser un delito ambiental, es una traición a la confianza pública y a los protocolos que buscan proteger nuestra isla. Los apresados fueron trasladados a la sede central del SENPA, donde serán presentados ante la justicia por violaciones graves a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, una legislación que establece penas significativas para quienes atenten contra nuestro patrimonio natural.
La Ley 64-00 no es un relajo, mi gente. Establece que quien dañe, altere o destruya los recursos naturales puede enfrentar multas cuantiosas y hasta penas de prisión. Este caso de los residuos oleosos es particularmente delicado, ya que estos desechos pueden contener metales pesados y otras sustancias tóxicas que contaminan el suelo, el agua subterránea y los cuerpos de agua superficiales, afectando la flora, la fauna y, por supuesto, la salud de las comunidades que viven cerca.
La Guáyiga, al igual que muchas otras comunidades dominicanas, depende de sus recursos hídricos. La contaminación por aceites no solo mata la vida acuática, sino que también dificulta el acceso a agua potable segura y afecta la agricultura local, dejando un impacto económico y social considerable. No es solo un daño al medio ambiente, es un daño a la vida de la gente.
Estas intervenciones son un ejemplo bacano de cómo la coordinación y la inteligencia entre instituciones pueden rendir frutos. Las labores conjuntas del SENPA, el CECCOM y el Ministerio de Medio Ambiente, con la participación del Equipo de Reacción Rápida (UIR), la Dirección de Inteligencia del SENPA, técnicos de Fiscalización y de Calidad Ambiental, y su Consultoría Jurídica, demuestran que cuando se trabaja en equipo y se le echa pa’ lante con seriedad, se puede darle pa’ bajo a la impunidad.
El SENPA, el CECCOM y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han reiterado su compromiso con la protección de lo nuestro, con la aplicación estricta de la ley y con la persecución de toda actividad que ponga en riesgo la salud pública, los recursos naturales y la seguridad ambiental del país. Y es que, la verdad, no hay otra forma de echar pa’ lante como nación si no cuidamos la casa. ¡Así que ya saben, el que mete la pata, se la tiene que guayar!
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