Panorama Nacional. – Una nueva controversia sacude al Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), luego de que varias organizaciones miembros denunciaran que la actual directiva busca reducir en un 30 % la matrícula de instituciones con derecho a voz y voto.
De acuerdo con documentos y testimonios a los que tuvo acceso este medio, la propuesta no figura en el plan operativo ni en la estrategia institucional aprobada, lo que ha generado sorpresa y malestar entre actores sociales, comunitarios y empresariales de la ciudad.
En una comunicación fechada el pasado 28 de agosto y firmada por la actual directora del CDES, se solicitó a las entidades miembros entregar ocho requisitos jurídicos, institucionales y financieros en un plazo de apenas quince días laborables. La misiva fue interpretada como un intento de filtrar la membresía.
La situación se complica porque en abril pasado, durante las elecciones internas, los actuales directivos resultaron electos en un proceso considerado reñido y con antecedentes cuestionados. Entre ellos, la exclusión de diputados y regidores de su derecho a voto, algo que históricamente había sido respetado.
Expertos en derecho administrativo señalan que esta exclusión podría haber sido impugnada en tribunales o en el Centro Nacional de Asociaciones Sin Fines de Lucro (CNASFL), lo que abre un precedente delicado para la legalidad del proceso.
Las críticas apuntan a que la medida de exigir nuevos requisitos se concentra en las organizaciones que votaron en contra de la actual directiva. Según fuentes, serían más de 20 entidades comunitarias y populares las que quedarían fuera, reduciendo la matrícula de 75 a menos de 50 miembros.
El antecedente inmediato de la renuncia del doctor Reynaldo Peguero, exdirector del CDES, también ha sido mencionado. Peguero habría salido tras diferencias con la nueva dirección, agravadas por supuestas tensiones en la toma de decisiones.
Varias organizaciones de base, empresariales y académicas consideran que el CDES, en lugar de excluir, debería fortalecer su relación con cada institución miembro. Recuerdan que en la última asamblea participaron 73 de 75 organizaciones, lo que representó un quórum del 97.3 %, evidencia de legitimidad y compromiso.
Diversos abogados consultados coinciden en que la prioridad debería ser un proceso de acercamiento. Recomiendan que la nueva directiva visite a cada entidad, conozca sus proyectos y acompañe sus necesidades, en vez de imponer requisitos que pueden percibirse como punitivos.
El artículo 12, párrafo II de los estatutos del CDES, establece que el requisito de incorporación puede ser obviado en casos de asociaciones no incorporadas, siempre que su trabajo comunitario sea constatable a juicio de la junta directiva. Esto respalda la permanencia de muchas entidades activas.
Para críticos de la medida, la insistencia en nuevos requisitos no es más que una estrategia de persecución organizativa, diseñada para consolidar un control político sobre la entidad y disminuir voces disidentes.
El debate ocurre en un contexto donde Santiago avanza en proyectos de modernización y crecimiento urbano. Resulta contradictorio, afirman expertos, que mientras la ciudad busca integrar a más actores, el CDES busque reducir su base social.
En conclusión, el futuro del Consejo para el Desarrollo de Santiago enfrenta un dilema institucional: mantener su tradición como espacio plural de concertación o dar paso a un modelo más cerrado y excluyente que pondría en riesgo su legitimidad como plan estratégico de la ciudad.
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