La Policía Nacional, actuando con la rapidez que nos caracteriza, ha dado con un individuo en La Vega, acusándolo de un acto que nos tiene a todos con los pelos de punta: acoso digital y envío de contenido sexual a una menor de apenas 13 años. Este caso, que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de nuestros niños y jóvenes en el mundo digital, resalta la importancia de la vigilancia constante y la acción decidida de las autoridades. El acoso digital no es un juego, es una amenaza real que hay que combatir con todas las herramientas disponibles, y ver a la Policía atenta a estos delitos, ¡eso sí que está de lo más bien!
El detenido ha sido identificado como Carlos Eduardo Gil Jiménez. Su captura se hizo efectiva gracias a una orden de arresto emitida por el Despacho Judicial Penal de Santo Domingo, y la operación fue un trabajo en equipo entre el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas y el Ministerio Público. Es fundamental que estos operativos se realicen con la seriedad que ameritan, porque la integridad de nuestros muchachitos es sagrada y no se negocia, ¡ni de relajo!
Asegún el informe preliminar de las autoridades, el presunto acosador fue localizado en una estación de combustible en La Vega. Lo más chulo (y a la vez alarmante) del caso es que ahí, alegadamente, se iba a juntar con la menor, demostrando la persistencia del acoso. Este tipo de encuentros en persona, coordinados tras un contacto inicial online, son precisamente el tipo de escenarios que los padres, tutores y las propias autoridades deben prevenir. La investigación arrancó de una vez, el 13 de enero, después de que la madre de la adolescente, con mucha valentía, pusiera la denuncia. Es un llamado de atención para todas las familias: ¡no se queden callados! Hay que denunciar a tiempo.
El modo operandi, que ya lamentablemente se ha vuelto común entre los depredadores, fue a través de un perfil falso en Instagram. El acusado, aprovechándose del anonimato que dan las redes, supuestamente estableció comunicación con la menor y, poco a poco, escaló el acoso enviándole mensajes persistentes y, lo que es peor, material audiovisual de carácter sexual vía WhatsApp. Y todo esto, supuestamente, a sabiendas de la edad de la muchacha. ¡Pero qué descaro! El uso de perfiles falsos y la manipulación de menores es una estrategia vil que desdibuja la línea entre la interacción social inofensiva y el peligro inminente.
En nuestro país, por suerte, tenemos leyes para enfrentar este tipo de tigre. Contra Gil Jiménez pesan acusaciones bajo la Ley 136-03, que es nuestro Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente en sus artículos 12, 14 y 396. Además, se le aplica el artículo 355 del Código Penal Dominicano. Esto es muy importante, porque no es solo el hecho, es que la justicia tenga las herramientas para castigar a quienes se atrevan a cometer estas barbaridades. Las evidencias digitales que se han recopilado son clave y serán presentadas ante el Ministerio Público, que de seguro actuará conforme a la ley, con la firmeza que el caso requiere.
La proliferación de dispositivos inteligentes y el acceso ilimitado a internet han traído un viaje de beneficios, pero también un lado oscuro que no podemos ignorar. Nuestros hijos están más expuestos que nunca a peligros como el ciberacoso, la pornografía infantil y el grooming, que es esa manipulación perversa para ganarse la confianza de un menor con intenciones dañinas. Es un reto para los padres de hoy, que tienen que ser no solo educadores, sino también detectives y protectores en el ciberespacio. Hay que sentarse con los niños, enseñarles a diferenciar lo chulo de lo peligroso en línea, a no hablar con desconocidos, y a reportar cualquier situación incómoda.
El rol de la Policía Nacional, y en particular de unidades especializadas como el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, es más relevante que nunca. No solo se trata de arrestar a los culpables, sino también de prevenir, educar y crear conciencia en la población. Necesitamos más campañas de sensibilización, más charlas en escuelas y comunidades para que tanto los padres como los jóvenes conozcan los riesgos y sepan cómo actuar. El trabajo del Ministerio Público es igualmente vital, asegurando que los procesos judiciales sean transparentes y que se impongan las penas que correspondan para desincentivar este tipo de delitos.
Este caso de La Vega no es un hecho aislado. Desgraciadamente, es un recordatorio de que debemos estar siempre vigilantes y activos en la protección de la niñez. Cada denuncia cuenta, cada intervención policial es un paso más para hacer de nuestro país un lugar más seguro para nuestros futuros. La protección de nuestros menores es una tarea de todos, no solo de las autoridades. Debemos crear un ambiente donde los niños se sientan seguros de comunicar cualquier situación extraña, y donde los depredadores sepan que aquí, en República Dominicana, no hay campo para su “tigueraje”. La sociedad dominicana tiene que unirse en este coro para erradicar de una vez por todas estos males que nos roban la paz.
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