El comentarista Delvys Lanfranco ha soltado la bomba, destapando una vaina que nos tiene a todos con los pelos de punta: la nueva Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, que se supone que vino a resolver un viaje de problemas y a centralizar los servicios de justicia en el municipio, está sumida en un desorden vehicular que te da pa’lante y pa’trás.
Imagínense ustedes, ya han pasado siete u ocho meses desde que se inauguró esa mega obra, con bombos y platillos, y el parqueo que prometieron para usuarios y empleados, ¡todavía no está en funcionamiento! Klk con eso, ¿eh? La gente que tiene que acudir a los tribunales, ya sea por un caso complejo, una audiencia de rutina o simplemente a buscar un documento, llega con su caso, sus documentos, y se encuentra con que el parqueo formal brilla por su ausencia, obligándolos a buscarse la vida en la calle.
El panorama es de locos. A lo largo de la avenida Presidente Estrella Ureña y la intersección con la Ozama, se ha armado un coro de parqueos informales que da vergüenza y pone en riesgo la seguridad de transeúntes y vehículos. Asegún Lanfranco, hay gente haciendo su agosto, cobrando a los ciudadanos por parquearse en plena vía pública, a veces hasta con tarifas arbitrarias. ¡Un verdadero tigueraje que nadie parece querer parar y que además representa un gasto extra no planificado para quienes buscan justicia!
Y aquí es donde uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades? El Intrant, la DIGESETT, y los mismos municipales que se supone deben velar por el orden y la seguridad vial, están como que no es con ellos la vaina. Anuncian medidas para regular el tránsito por aquí y por allá, hacen operativos, pero mira, ¡en la mismísima puerta de la justicia se está armando un caos de marca mayor que se ha vuelto el pan nuestro de cada día! Es una situación que desdice mucho de la capacidad de gestión y control.
Pero la cosa no se queda solo en el parqueo, mi gente. Lanfranco fue más allá y denunció que dentro del edificio de la Ciudad Judicial también hay carencias que no pegan ni con cola. ¡Ni sillas en las salas de audiencia! ¿Usted se imagina ir a buscar justicia, quizás con horas de espera, y tener que pararse o sentarse en el suelo porque no hay dónde acomodarse? ¡Qué chulería, verdad que no! Esto no solo es incómodo, sino que atenta contra la dignidad de las personas y la solemnidad que debe revestir un espacio judicial.
Esta situación nos lleva a reflexionar sobre una práctica que, lamentablemente, se ha vuelto recurrente en nuestro país: inaugurar obras que aún no están listas para operar al cien por ciento. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué la necesidad de cortar cinta y hacer el bulto si la infraestructura no está completa ni funcional? Es un sinsentido que al final quien lo sufre es el ciudadano de a pie, el que busca los servicios y se encuentra con una realidad muy distante de la promesa de eficiencia y modernidad.
La idea detrás de la Ciudad Judicial era bacana, eh. Centralizar todos los tribunales de Santo Domingo Este en un solo lugar, incluyendo juzgados de Paz, Tribunales de Tierras, Cortes de Apelación, y demás dependencias, para agilizar los procesos y hacerle la vida más fácil a abogados, fiscales, jueces y usuarios. Antes, tenían que andar de arriba para abajo en un viaje de edificios dispersos por todo el municipio, perdiendo tiempo y recursos. Se prometió una mejora sustancial en el acceso a la justicia, comodidad y modernidad. Pero con estas deficiencias iniciales, la vaina se está yendo por otro lado, desvirtuando el propósito original del proyecto.
Un sistema judicial eficiente no solo depende de buenos jueces y leyes claras, sino también y de manera crucial, de una infraestructura adecuada y funcional. Cuando la gente tiene problemas hasta para parquearse de forma segura, o no hay donde sentarse dignamente en una audiencia que puede durar horas, la imagen de seriedad, respeto y accesibilidad que debe tener la justicia se va al garete. Genera frustración, pérdida de tiempo, gastos inesperados y, a fin de cuentas, mina la confianza de la población en las instituciones del Estado. Es un palo acechao’ para el sistema que, si no se corrige a tiempo, podría tener consecuencias duraderas en la percepción pública de la justicia.
No es la primera vez que vemos algo así en nuestra tierra, lamentablemente. Recuerdo cuando se inauguró tal o cual hospital, una escuela o incluso una vía importante, y al poco tiempo salían a relucir deficiencias graves que ponían en entredicho la calidad y la planificación de las obras. Parece que a veces la política de ‘fotos y cintas’ supera la de ‘calidad y funcionalidad’ real. La gente ya está jarta de ver obras a medio hacer o que no cumplen con lo prometido. Es hora de coger cabeza y que los responsables se pongan las pilas para exigir que las cosas se hagan bien desde el principio, con una verdadera visión de servicio público.
Las autoridades competentes, encabezadas por el Intrant, la DIGESETT y, por supuesto, el Consejo del Poder Judicial, tienen que sentarse a buscarle la vuelta a esta situación de una vez y por todas. No es solo abrir el parqueo, es organizar el entorno de manera permanente, eliminar el tigueraje de los cobros informales que se aprovechan de la necesidad, y, por supuesto, equipar como se debe las instalaciones internas. La dignidad de la justicia y la comodidad de los ciudadanos que acuden a ella no pueden ser negociables; son derechos fundamentales que deben garantizarse en un Estado de derecho.
Esperemos que las palabras contundentes de Delvys Lanfranco no caigan en saco roto y que sirvan para que los encargados se pongan las pilas de verdad. La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este tiene todo el potencial de ser una obra jevi y un referente para el acceso a la justicia, pero ahora mismo está más bien en un lío que necesita atención urgente y soluciones efectivas. ¡Hay que resolver esto, klk, por el bien de todos!
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