La revelación sobre el presupuesto de 2026 ha dejado a más de uno con la boca abierta y el ceño fruncido. ¡Pero qué ‘vaina’ es esta! Apegados a la información de Somos Pueblo, se estima que el gasto tributario por concepto de supuestas Exoneraciones a grandes empresas superará los 393,000 millones de pesos. Esta cifra, que representa un alarmante 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país, ha generado una ‘grima’ y un rechazo generalizado entre diversos sectores sociales. Es un monto que, si nos ponemos a pensar, equivale a casi cinco veces la inversión pública total para las 32 provincias. ¡Imagínate tú!
Para ponerlo en perspectiva, este ‘perdón’ fiscal a los sectores más pudientes del país es una cantidad que sobrepasa el presupuesto completo de Educación y duplica el de Salud. Mientras tanto, a la clase trabajadora se le pide un supuesto sacrificio para sostener las arcas del Estado dominicano. Esta situación no es nueva, el tema de las exoneraciones ha sido una constante de ‘chercha’ y debate en la esfera política, con el ‘tigueraje’ de los lobbies empresariales siempre buscando ventajas que muchas veces no se traducen en beneficios tangibles para la mayoría. La verdad es que un viaje de dinero como este, que se le deja de cobrar a los que más tienen, siempre levanta ampollas y provoca un ‘klk’ en la gente de a pie.
Las exoneraciones fiscales, también conocidas como gastos tributarios, son esencialmente incentivos que el Estado otorga para fomentar ciertas actividades económicas, pero cuando alcanzan estas magnitudes, la discusión sobre su pertinencia se vuelve inevitable. Es como si la ‘guagua’ del progreso se desviara del camino para solo dejar a unos pocos en la puerta, dejando a los demás varados. Históricamente, en República Dominicana, hemos visto cómo estos beneficios a menudo generan más debate que resultados concretos en términos de desarrollo equitativo. La pregunta es siempre la misma: ¿realmente contribuyen al crecimiento inclusivo o solo ensanchan la brecha social y económica?
Pensemos en lo ‘chulo’ que sería si esos 393,000 millones de pesos se invirtieran ‘de una vez’ en la mejora sustancial de nuestros hospitales, en la construcción y equipamiento de escuelas dignas en cada rincón del país, o en la infraestructura vial que tanto necesitamos para que nuestros agricultores puedan sacar sus productos. La desigualdad ‘está de lo más bien’ marcada con decisiones como estas, donde parece que las prioridades no se alinean con las necesidades urgentes del pueblo. No es ‘bacano’ ver cómo se le pone la soga al cuello al trabajador con impuestos y alzas, mientras a otros se les extiende una alfombra roja con beneficios fiscales.
La justificación habitual para estas exenciones es que atraen inversión y generan empleos, lo cual, en teoría, debería impulsar la economía. Sin embargo, la realidad a menudo dista de esa narrativa idílica. Muchas veces, estos incentivos no se traducen en un aumento significativo de puestos de trabajo dignos o en una mejora sustancial de las condiciones laborales, y lo que es peor, pueden distorsionar la competencia, poniendo en desventaja a las pequeñas y medianas empresas que no gozan de tales privilegios. Esto crea una ‘vaina’ de mercado desequilibrado, donde el que más tiene, más obtiene, sin necesariamente aportar proporcionalmente al bienestar colectivo.
Es crucial que, como dominicanos ‘activos’, exijamos una mayor transparencia y una rendición de cuentas clara sobre el impacto real de estos gastos tributarios. El país necesita una reforma fiscal integral que sea justa y equitativa para todos, no solo para unos cuantos ‘tigueres’ con influencias. La discusión debe ir más allá de los números y centrarse en cómo estas decisiones afectan la calidad de vida de cada ciudadano, desde el agricultor en el campo hasta el empleado en la ciudad. ¡Ya es hora de poner los puntos sobre las íes y asegurar que los recursos de la nación se utilicen para el beneficio de todos!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
