¡Klk, mi gente! Aquí estamos, como de costumbre, dándole seguimiento a los líos que nos mantienen en chercha y con el ojo puesto en la justicia dominicana. Y es que, miren, se ha armado un nuevo capítulo en el entramado de corrupción conocido como Operación Coral, una vaina que ha tenido a todo el país con los ojos pelados desde que se destapó este guiso.
Resulta que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acaba de soltar de la lona a Rosa Antonia Disla, la madre del coronel Rafael Núñez de Aza, quien es señalado como uno de los cabecillas de esta red que alegadamente desfaló al Estado dominicano con un viaje de millones. Esta noticia ha dejado a mucha gente en el patio con la boca abierta, preguntándose si es que la justicia está de lo más bien o si aquí hay gatos escondidos.
Para los que andan un poco perdidos, la Operación Coral no es un chiste de muchachos. Es una investigación profunda del Ministerio Público que ha puesto bajo la lupa a altos mandos militares y policiales, acusándolos de haber montado un esquema de corrupción para desviar fondos públicos. La cosa es seria, mi gente, y la plata que se supone se esfumó, se habla de más de 4,500 millones de pesos, una suma que podría haber hecho un montón de bien si se hubiera invertido en lo que de verdad importa para el pueblo.
En este entramado, el nombre del coronel Núñez de Aza ha sonado duro, y según las acusaciones, su madre, Rosa Antonia Disla, fue señalada como “testaferra”. ¿Y qué significa eso, dirán ustedes? Pues, en buen dominicano, un testaferro es una persona que presta su nombre para ocultar bienes o transacciones ilícitas de otros. Es como que tú pones a tu tía a firmar por una guagua que no es de ella, pero en un nivel de corrupción mucho más grande y complejo. El Ministerio Público entendía que doña Rosa Antonia estaba en ese coro, manejando bienes que no eran suyos, sino de la supuesta red.
Lo interesante de este caso es que no es la primera vez que doña Rosa Antonia se enfrenta a la justicia por esta misma vaina. ¡Imagínense ustedes! En enero de 2025, el Tercer Tribunal Colegiado la había condenado a cinco años de prisión suspendida por lavado de activos. O sea, ya se había llevado un palo, aunque fuera con condena suspendida. Pero como aquí la gente tiene derecho a patalear y apelar, ella no se quedó de brazos cruzados.
Sus abogados, pila de gente dura en derecho, apelaron esa sentencia, y ¡zas!, en septiembre de ese mismo año, la Corte de Apelación anuló la decisión y ordenó un nuevo juicio. Esto demuestra que el sistema legal es una ruleta a veces, y que no todo está escrito en piedra de una vez. Y bueno, ese nuevo juicio es el que ha terminado con esta absolución que tiene a más de uno rascándose la cabeza.
Los magistrados Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista, quienes presidieron el Cuarto Tribunal Colegiado, no solo la declararon no culpable, sino que también ordenaron la devolución de todos los bienes que le habían decomisado. ¡Eso sí que es un giro inesperado! De tener una condena y los bienes incautados, a salir libre de polvo y paja y con sus cosas de vuelta. Esto es un balde de agua fría para el Ministerio Público, que había puesto mucho empeño en este caso.
Este resultado, sin duda, va a generar un pique entre los que exigen mano dura contra la corrupción y aquellos que creen en la presunción de inocencia hasta la última instancia. ¿Significa esto que la acusación del Ministerio Público estaba débil? ¿O que la defensa de doña Rosa Antonia fue más bacana y logró convencer a los jueces? Son preguntas que quedan en el aire y que alimentarán un viaje de comentarios en los coros del país.
La Operación Coral y sus derivadas son un reflejo de los desafíos que enfrenta la República Dominicana en su lucha contra la impunidad y la corrupción. Cada vez que sale una noticia de este tipo, se reaviva el debate sobre la credibilidad de nuestras instituciones y la efectividad de los procesos judiciales. El tigueraje de la calle siempre está pendiente de si los peces gordos se van a comer la pena o si, al final, siempre encuentran la forma de zafarse.
Lo que sí está claro es que la población dominicana anhela una justicia transparente y efectiva, que actúe sin importar apellidos ni rangos. Este caso de Rosa Antonia Disla es un claro ejemplo de la complejidad de estos procesos, donde las cosas pueden dar vueltas inesperadas y donde el veredicto final a veces no es lo que el clamor popular espera. Seguiremos con los ojos bien abiertos, dándole seguimiento a cómo se desarrolla este y otros líos jurídicos que nos afectan a todos.
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