¡Ay, Dios mío, pero klk con esta vaina! La noticia que nos llega desde San Juan de la Maguana nos deja con la boca abierta, y es que el Ejército de República Dominicana (ERD) le metió el freno de una vez a un conductor que andaba en un relajo, transportando un verdadero coro de trece indocumentados haitianos. Este suceso no es un caso aislado, sino un reflejo más de la constante lucha que nuestras autoridades libran día a día para mantener la seguridad en la zona fronteriza y controlar la migración irregular, una situación que, honestamente, nos tiene a todos con los moños bien paraos.
Asegún lo que se ha podido confirmar, el hombre apresado responde al nombre de José Miguel Miranda Florentino, un dominicano que, por andar en esos tiguerajes, ahora se verá las caras con la justicia. Imagínense ustedes, ¿quién se iba a imaginar que en una jeepeta Toyota 4Runner, de esas jevis y color gris, con placa G255349, se escondía semejante carga humana? Es que uno no deja de sorprenderse con el descaro y la audacia de algunos que se prestan para este tipo de tráfico. José Miguel, junto a su vehículo y los trece extranjeros, fue llevado de una vez a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, donde se le aplicarán los procesos legales que la situación amerita, en coordinación con el Ministerio Público y las demás autoridades competentes.
Esta situación nos pone a pensar en la complejidad de la frontera domínico-haitiana, una franja de tierra donde la línea entre la necesidad y la ilegalidad se difumina con demasiada frecuencia. Desde hace décadas, la migración desde Haití hacia la República Dominicana ha sido un tema candente, impulsado por factores económicos, sociales y políticos que hacen que muchos haitianos busquen en nuestro patio una mejor calidad de vida, o al menos, la oportunidad de ganarse el pan con el sudor de su frente. Lo que complica el coro es que, en el camino, siempre aparecen individuos que, por unos cuantos pesos, se dedican a explotar esta vulnerabilidad, traficando personas como si fueran mercancía, sin importarles un pito los riesgos que implica para la vida de esos seres humanos.
San Juan de la Maguana, como provincia fronteriza, es un punto clave en esta dinámica. Es una zona donde se mezclan culturas y necesidades, y donde la presencia militar es vital para controlar el flujo migratorio. El Ejército, la Armada, y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) están en pie de guerra, redoblando la vigilancia con operativos de control en destacamentos y puestos, especialmente en las vías principales y puntos ciegos. La meta es clara: garantizar la seguridad fronteriza y desarticular estas redes de tráfico humano que, lamentablemente, se han vuelto un dolor de cabeza constante para el país. No es un trabajo fácil, pero hay que darle, porque la seguridad del pueblo dominicano está primero.
La ley dominicana es bien clara en cuanto al tráfico ilícito de migrantes. Aquellos que se dedican a ser “buscones” o “coyotes”, como se les llama en el argot del patio, se exponen a penas severas. La Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas castiga con cárcel y multas a quienes faciliten o promuevan la entrada o salida irregular de personas del territorio nacional. No es poca cosa la vaina; estamos hablando de delitos que atentan contra la dignidad humana y la soberanía del país. Por eso, ver a un dominicano involucrado en esto, por muy bacano que le parezca el dinero fácil, es un golpe bajo para nuestra sociedad.
El enriquecimiento ilícito a costa de la desesperación ajena es una de las caras más feas de este problema. Estos traficantes no solo ponen en riesgo la vida de los migrantes al transportarlos en condiciones muchas veces inhumanas y peligrosas –recordemos las tragedias que a veces ocurren– sino que también socavan los esfuerzos del Estado por mantener un orden migratorio. La mayoría de los indocumentados son engañados con promesas falsas de trabajo y una vida mejor, solo para terminar en situaciones precarias o, como en este caso, siendo interceptados y repatriados.
La situación en la frontera requiere de una estrategia integral que no solo se limite a la intercepción y el procesamiento de los infractores. Es necesario fortalecer la cooperación con el gobierno haitiano –aunque a veces la cosa se ponga media difícil–, invertir en desarrollo en las comunidades fronterizas para crear oportunidades legítimas, y educar a la población sobre los peligros del tráfico humano y las consecuencias legales de involucrarse en él. No podemos dejar que el “tigueraje” se apodere de nuestras zonas fronterizas y siga explotando a gente que busca un mejor futuro, por la vía que sea.
Este suceso en San Juan de la Maguana es un recordatorio de que la vigilancia no puede bajar. El ERD ha dicho que seguirá con sus operativos a to’a capacidad, aumentando la presencia en los puntos calientes y metiéndole mano fuerte a cualquiera que intente burlar las leyes migratorias. No es un trabajo que tenga una solución mágica de una vez y por todas, pero el compromiso de nuestras fuerzas armadas es chulo y hay que reconocerlo. La patria nos pide que estemos atentos, que denunciemos cualquier actividad sospechosa y que no seamos cómplices de quienes se benefician del caos y la ilegalidad.
La próxima vez que vean una jeepeta de esas jevis por ahí, piensen en la cantidad de esfuerzo y recursos que se invierten para mantener el orden. Este tipo de arrestos son solo la punta del iceberg, pero demuestran que las autoridades están haciendo su trabajo, fajándose para que la ley se cumpla y para que nuestro país no sea una puerta abierta para el desorden. Que sirva de ejemplo para otros que andan en el mismo relajo: aquí en el patio, el que la hace, la paga, y más si es con una vaina tan delicada como el tráfico de personas.
Mantener a raya la migración irregular es una tarea de todos, no solo de los militares. Es entender que hay leyes que deben respetarse y que la solidaridad no puede estar por encima de la soberanía. ¡A seguir vigilantes, que el país es nuestro y hay que cuidarlo!
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