¡Mi gente! Aquí en la República Dominicana, la verdad del caso es que hay vainas que te dejan con la boca abierta y con un nudo en la garganta. Y una de esas vainas, que tiene a un viaje de dominicanos en un aprieto, es la situación de las Pensiones por Discapacidad. Asegún datos frescos de la Superintendencia de Pensiones (Sipen) a enero de 2026, se han otorgado unas 19,000 pensiones, tanto parciales como totales, a personas que, por diversas razones de salud, ya no pueden meterle el hombro como antes. El problema viene cuando te enteras de los montos: RD$4,897 al mes para una discapacidad parcial y RD$16,365 para una total. ¡Oye, pero esto es un disparate si lo comparamos con el costo de la canasta básica familiar, que anda por los RD$48,734.28! ¿Tú entiendes lo que eso significa para un ser humano aquí en el patio?
Esta disparidad no es solo un numerito en un informe, es una realidad aplastante que afecta la vida de miles de familias dominicanas. Es la diferencia entre comer tres veces al día o pasar hambre, entre poder comprar tus medicamentos o tener que aguantarte el dolor, entre tener un techo digno o vivir en condiciones precarias. ¿Cómo es posible que con una pensión de menos de 5 mil pesos un dominicano pueda costear la comida, la guagua, los servicios básicos y, encima, los gastos médicos que casi siempre acompañan a la discapacidad? Es una pregunta que se hace mucha gente en la calle y que necesita una respuesta de una vez.
El sistema de pensiones por discapacidad, aunque necesario y bien intencionado en su concepción, parece estar cojeando de una pata en su aplicación práctica. La Sipen no es quien determina la discapacidad; eso recae en una comisión técnica y en comisiones médicas que evalúan si la capacidad laboral se ha reducido entre un 50% y un 66.67% para considerarla parcial, o más del 66.67% para una total. Este proceso, de por sí, puede ser un camino largo y tedioso para muchos, lleno de papeleo y evaluaciones, un verdadero tigueraje para quienes ya están lidiando con problemas de salud.
Y si eso no fuera suficiente para encender las alarmas, los datos de la Sipen nos dan una panorámica más amplia de las deficiencias de nuestro Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). De un total de 37,024 pensiones otorgadas, casi la mitad (17,709) son por sobrevivencia, con un promedio de RD$13,852 mensuales. Pero el verdadero nudo gordiano está en la cantidad de cotizantes activos: de 5.5 millones de afiliados, ¡solo 2.1 millones están cotizando activamente! Esto es una vaina seria, una reducción mensual del 5.4% y anual del 3%. La mayoría de estos cotizantes activos, un 45.1%, está en el rango de edad de 25 a 39 años, lo que sugiere que los más jóvenes son los que están sosteniendo el tinglado, pero ¿hasta cuándo?
Esta baja tasa de cotizantes activos nos pinta un escenario complicado. Más de la mitad de los afiliados están en la ‘banca’, o sea, inactivos. Asegún los estudios, aproximadamente el 30% cotiza de manera regular, un 40% lo hace de forma esporádica y un 30% restante exhibe una actividad intermitente. Esta intermitencia es, en muchos casos, un reflejo de la informalidad laboral, de empleos que van y vienen, o de salarios tan bajitos que apenas dan para el día a día, sin dejar margen para contribuir al futuro. Es un problema estructural que arrastra el país desde hace un coro de años y que afecta directamente la sostenibilidad de todo el sistema.
En cuanto a la distribución por género, al cierre de enero de 2025, vemos que de los 2,181,707 cotizantes activos, el 49.03% son mujeres (1,100,094) y el 51% son hombres (1,143,760). Una participación bastante equilibrada, lo cual está de lo más bien en términos de igualdad de oportunidades de cotización. Sin embargo, el volumen total sigue siendo el dolor de cabeza. La mayor parte de estos cotizantes (92.4%) contribuyen a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mientras que una pequeña porción va al Ministerio de Hacienda y Economía (1%) y otros sistemas.
El contexto socioeconómico dominicano añade capas de complejidad a esta situación. La República Dominicana, a pesar de su crecimiento económico sostenido, aún enfrenta desafíos significativos en la distribución de la riqueza y en la formalización del empleo. Muchos dominicanos se buscan la vida en el sector informal, sin acceso a beneficios de seguridad social ni a pensiones dignas. La falta de educación financiera y la desconfianza en el sistema también juegan su papel. Para una persona con discapacidad, encontrar empleo formal ya es un reto mayúsculo; si a eso le sumamos que la pensión que le corresponde no le da ni para el pasaje de la guagua, estamos hablando de un abuso.
Es imperativo que, como sociedad, abramos los ojos y exijamos soluciones. No podemos permitir que nuestros hermanos y hermanas con discapacidad, quienes ya enfrentan un sinfín de obstáculos, tengan que lidiar también con la angustia de no poder cubrir sus necesidades básicas. Las autoridades, la Sipen, las AFP y todos los actores involucrados tienen que sentarse a un coro y buscar la forma de ajustar estos montos a la realidad de la canasta básica. No es un lujo, es una cuestión de justicia social y de dignidad humana.
Imagina por un momento la frustración de saber que el salario mínimo sectorizado anda por los RD$21,000 o más, y que tu pensión por discapacidad total apenas llega a RD$16,365, mientras que una parcial es una miseria. ¿Cómo se supone que una persona con una condición de salud crónica va a sobrevivir, mucho menos prosperar, con esa cantidad? Esto no es un cuento, es la cruda realidad de un segmento vulnerable de nuestra población. Es hora de dejar la chercha y ponernos serios con este tema.
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