La resolución sobre el tema es una de varias medidas anunciadas en esta gestión, con dificultad de aplicación

Ayer se cumplieron los tres meses que el Gobierno dispuso para la entrada en vigencia de la resolución sobre el salario mínimo en el trabajo domésticos. Reportes no oficiales indican que en el Ministerio de Trabajo se ha registrado a lo sumo algunos contratos entre empleados-empleadores. Si se parte del pobre resultado logrado hasta ahora, la emisión de la resolución ha servido de poco.

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No es la primera vez que el Gobierno se embarca en un proyecto de difícil alcance y aplicación, ni sería la primera en que se anota un fracaso. En dos años de gestión tiene varios, y todo apunta a que vienen más. Hay datos suficientes para sustentarlo.

El 25 de septiembre la Junta de Aviación Civil (JAC) comunicó a los operadores aéreos nacionales y extranjeros que realizan transporte internacional de pasajeros, desde y hacia la República Dominicana, que no pueden efectuar el cobro de los diez dólares de los Estados Unidos de América por concepto de Tarjeta de Turismo en los boletos aéreos a los pasajeros nacionales dominicanos, así como, a los extranjeros residentes en el país.

Sin embargo, luego del plazo de 45 días que se otorgó para quitar el cobro, los operadores aéreos habían hecho caso omiso a la disposición. Hubo que darles otro plazo. ¿Se ajustarán, podrán ser puestos en “cintura”?. Está en veremos.

Otro: El 25 de octubre de 2022, con el decreto 616-22, el presidente Luis Abinader instruyó al Ministerio de Educación a realizar con urgencia los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios que serán utilizados en la implementación del primer Sistema Nacional de Movilidad Escolar. Desde ese momento surgieron muchas preguntas sobre la forma de “aplicación”.

Casi al instante, los transportistas dejaron saber que les interesa conocer cuál es el proceso que llevarán las autoridades para la implementación del sistema de transporte, que, en muchos centros educativos, es manejado –precisamente- por empresarios transportistas, algunas afiliadas a los principales sindicatos, y por particulares que brindan el servicio a determinadas familias.

La otra dificultad para la aplicación, especialmente en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, tiene que ver con niños que viven en un lugar, pero estudian en otros totalmente alejados y distintos, lo que complica el diseño de rutas para irlos “recogiendo” y llevarlos a sus centros en enseñanza.

Se tiene el ejemplo de 50 niños que residen en el Ensanche Quisqueya, pero no todos estudian en un mismo colegio o escuela pública, sino en distintos centros y comunidades diferentes. ¿Cómo se harían las rutas?

Sobre la lentitud o fracaso en el registro de contratos entre empleadores y las domésticas, elCaribe intentó y esperó desde el pasado martes que oficialmente, vía la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo, se ofrecieran datos puntuales sobre el tema (el medio los solicitó), pero no obtuvo nada.

La Resolución Número CNS-11-2022, sobre salario doméstico, fue dada el 24 de agosto del año en curso.
Para establecer la resolución se revisaron leyes y decretos y se escucharon exposiciones argumentaciones de los representantes de los empleados y trabajadores, en la sesión celebrada por el CNS en agosto pasado, en la que se llegó a un acuerdo tripartito definitivo, sobre la tarifa de salario mínimo del sector.

Se revisó, previa decisión, la Constitución de la República, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Convenio 26, sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos de la OIT.

El convenio 189 establece en su artículo 11 que “todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo”.

La resolución dejó claro que “el trabajador que al momento de aprobarse la tarifa de salario mínimo tenga un salario superior al que se fijó, no podrá serle reducido, de conformidad a las previsiones del artículo 217 del Código de Trabajo, sin perjuicio de que dicho salario se mejore por convenio entre las partes.

En el caso del cobro por Tarjeta de Turista, la JAC, a través de la Resolución 217-2022, instruyó a los operadores aéreos que realicen las adecuaciones necesarias en sus sistemas informáticos para que sea eliminado el citado cargo.

“Nos parece injusta la actitud poco cooperadora que recibimos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para el cobro de un ingreso tan importante como la tarjeta de turista, sin afectar al pasajero dominicano, el cual se encuentra exento del pago de la misma, y más aún cuando IATA tiene entre sus atribuciones, fungir como intermediario entre el pasajero, agentes de carga y aerolíneas”, ha dicho el presidente de la JAC.

La respuesta dada por la IATA es que “la exención para los ciudadanos de la República Dominicana y los extranjeros residentes dispuesta en la Resolución 217-2022 no puede implementarse de manera sencilla en los sistemas globales de reservas, ya que éstos no pueden diferenciar los impuestos aplicables según la nacionalidad”.

Si operadores aéreos se oponen, ¡uh! será difícil

Las autoridades de la JAC han dejado claro que irán por la eliminación del cobro de 10 dólares aplicado a los tickets aéreos de ingreso a República Dominicana. Seguirán insistiendo en el tema. Y no es para menos: El presidente Luis Abinader prometió quitar esa carga y lo hizo en público.

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Una de las veces que toco el tema fue en Nueva York, en 2021. Pero las palabras que ha ido “soltando” la IATA son un indicativo de que la lucha podría ser fuerte y que torcerle el brazo no será fácil. “Encontrar una solución para el sector es extremadamente complejo, costoso, lento y contraría al principio de estándares globales de la industria”, ha dicho.

También ha indicado: “Es incorrecta, la afirmación de la JAC de que están siguiendo las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que el impuesto sea recaudado por las aerolíneas”.

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