¡Klk mi gente! Prepárense porque la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha venido con una medida que es para quitarle el sueño a más de uno. Hablamos de la implementación del nuevo régimen de inhabilidades de la Ley núm. 47-25, que pone las cosas de lo más claras: los Servidores Públicos no podrán tener ni una sola acción en empresas que le suplen al Estado. ¡Se acabó el chequeo! Esto es un cambio bacano, de verdad, una señal inequívoca de que las autoridades están metiendo el pie para fortalecer la integridad en el manejo de los fondos públicos.
Antes, la vaina era diferente. Había un umbral, un 10% de participación accionaria que, según la gente, era una ventana abierta para el tigueraje y el conflicto de interés. Esa práctica, aunque amparada en la ley anterior, generaba suspicacia y erosionaba la confianza ciudadana en la gestión pública. Ahora, ese boquete lo cerraron de una vez y por todas. La DGCP está metiendo el pie con un régimen de incompatibilidad absoluto. Cero por ciento, ni un centavo, nada. Si usted es servidor público y tiene su compañía supliendo al Estado, tiene que resolver eso, ¡y rápido!
Esto no es un relajo, es la Ley. El artículo 38 de la Ley 47-25 lo dice clarito, introduciendo un cambio estructural que sube la vara en materia de integridad pública. La idea es garantizar la transparencia y la probidad en las contrataciones públicas. No podemos tener funcionarios que estén en ambas bandas, jugando al ‘self-deal’. Eso no es chulo, eso no le hace bien al país, ni a la confianza del pueblo. Es un paso vital para desterrar la percepción de que la función pública es una oportunidad para el enriquecimiento personal a través de los bienes del Estado.
La DGCP, a través de la circular DGCP44-PNP-0001-2026, ha dado un plazo de quince días hábiles, a partir de la implementación del nuevo régimen, para que los afectados regularicen su situación. Si usted está en esa situación, tiene que pedir la suspensión de su Registro de Proveedor del Estado (RPE). De no hacerlo, la DGCP le va a suspender eso de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de aplicación. ¡Así que a ponerse pilas, que el tiempo vuela y después no hay vuelta atrás!
¿Y quiénes son los que están en este lío? Pues un viaje de gente importante. Desde el Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros, Viceministros, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y los subconsultores, Legisladores, hasta Magistrados de la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales del orden judicial; Magistrados del Tribunal Superior Electoral, así como los miembros de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral. También se incluyen alcaldes y regidores, directores y vocales de distritos municipales, el Contralor General y subcontralor, y los directores y subdirectores generales de todos los entes y órganos de la Administración Pública, incluyendo aquellos desconcentrados y descentralizados. O sea, casi todo el mundo que tiene poder, tiene que estar nítido con esto.
Y no es solo si usted tiene las acciones a su nombre, no mi hermano. La vaina aplica también para las empresas jurídicas donde estos funcionarios tengan participación societaria o estén en la directiva, gerencia o en un consejo de administración. Es un enfoque de tolerancia cero, para que no haya truquitos ni inventos raros. Se busca eliminar cualquier sombra de conflicto de interés, que siempre es un dolor de cabeza para la imagen del país y un obstáculo para el desarrollo equitativo. Esta prohibición absoluta es un hito que marca una clara línea entre el servicio público y los intereses comerciales personales.
Para aquellos que necesitan hacer la gestión, la DGCP ha puesto a disposición un formulario en su página web, en la sección marco legal/formularios estándar de servicios/proveedores del Estado/formulario de cancelación o suspensión del RPE (pueden buscarlo directamente en www.dgcp.gob.do). Es importante que se pongan las pilas y lo hagan en el plazo establecido. No hay excusa de que “no me enteré” o “se me olvidó”. La administración pública está dando la oportunidad de que cada quien se ponga al día, asegurando el debido proceso administrativo antes de cualquier medida de oficio.
Este nuevo régimen es una muestra clara del compromiso del país con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la institucionalidad. Se busca que las contrataciones públicas sean un proceso limpio, transparente y competitivo, donde todos los suplidores jueguen con las mismas reglas. Ya no es posible que un funcionario utilice su posición para beneficiar a sus empresas o las de sus familiares. Esto es un paso adelante, un cambio de juego que nos pone en otro nivel, equiparándonos con las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza y transparencia.
Históricamente, en nuestro país, la percepción de que “el que está puesto, se beneficia” ha sido un cliché lamentable que ha permeado la sociedad. Esta ley busca romper con esa cultura arraigada y sendentar una nueva base de probidad. No es solo una cuestión legal; es un mensaje ético y moral para toda la sociedad dominicana. Los recursos del Estado son de todos los dominicanos, y deben ser administrados con la mayor pulcritud posible, garantizando que cada peso se invierta en beneficio del colectivo y no de intereses particulares.
En definitiva, esta es una medida de peso, de esas que marcan un antes y un después. La DGCP no está de coro, está trabajando de lo más bien para que el sistema funcione como es debido. Es un toque de atención para todos los Servidores Públicos que, por alguna razón, se habían quedado con la idea de que podían seguir con la misma práctica. La integridad pública no es negociable, y este paso es fundamental para construir un Estado más fuerte y creíble para el pueblo dominicano, donde la transparencia sea la norma y no la excepción.
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