¡Ah, mi gente! Aquí en la República Dominicana, donde la viveza y el `tigueraje` a veces quieren pasarse de la raya, pero el sistema, cuando le da la gana de apretar, ¡aprieta de verdad! La Junta Central Electoral (JCE) le puso el pie encima a una señora que, según las autoridades, se la estaba buscando de forma irregular. Estamos hablando de Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, a quien la justicia le ha caído atrás por supuestamente montar un `coro` de falsificación de documentos para cobrar una `pensión policial` por sobrevivencia, haciéndose pasar por la viuda de un oficial de la Policía Nacional que ya no está con nosotros desde 2019. Esto no es un `chiste`, mi `hermano`, es un caso serio de fraude que toca la dignidad de las instituciones y, más importante aún, de las familias de los verdaderos servidores públicos.
Este caso ha sonado `durísimo` en el patio, y es que la JCE, a través de su fiscal adscrita, Esther María González Peguero, en una labor coordinada con el procurador de corte Pedro Jiménez Suero del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este, ha demostrado que `cuando se quiere, se puede`. La imputada fue arrestada por orden judicial, marcando un precedente importante contra aquellos que intentan pasarse de `listos` con el erario público. El `bacalao` se destapó cuando los familiares del oficial fallecido dieron la voz de alerta, asegurando que Mercedes Rossó andaba por ahí con una acta de defunción `falsa` a nombre del militar, con el propósito de cobrar lo que no le correspondía.
Imagínense ustedes la situación: una familia dolida por la pérdida de un ser querido, y de repente, una persona ajena aparece queriendo beneficiarse de esa tragedia. Eso es `un viaje de` falta de respeto y una afrenta a la memoria del oficial. La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado confirmó que la señora Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, desde el 25 de abril de 2020, ya estaba `facturando` una pensión mensual de RD$13,814.55 del Plan de Retiro de la Policía Nacional. Y como si fuera poco, `de una vez` se embolsaba los beneficios adicionales, como la regalía pascual. ¡Ustedes saben, esa platica extra que uno espera con `ansias` en diciembre! Es un `guiso` que no es `nada chulo`.
El `enredo` se puso más `apretao` cuando la Dirección Nacional de Registro Civil entró al juego. Este organismo, que es el que maneja todos los `papeles` de identidad y estados civiles en el país, certificó, con fecha del 17 de junio de 2025 (sí, el futuro ya nos dio la información, pero es un error en la noticia original, se entiende que es 2020 o 2021), que no existía ningún registro de matrimonio entre la imputada y el oficial fallecido en su sistema automatizado. ¡Ni `un chin`! Pero la cosa no para ahí, `mi gente`, el mismo Registro Civil confirmó que Mercedes Rossó ¡sí contrajo matrimonio civil, pero con otra persona! Fue el 10 de abril de 2025 (nuevamente, asumimos un error en el año y que se refiere a un año anterior al actual) ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción de Santo Domingo Norte. ¡Eso sí es `un lío`, como decimos por aquí! Queda claro, `entonces`, que el oficial policial había fallecido el 13 de febrero de 2019, mucho antes de los `movimientos` de esta señora.
El tema de la falsificación de documentos es una `piedra en el zapato` para la `seguridad jurídica` de nuestro país. La JCE, como garante de la identidad y de los actos civiles, tiene la responsabilidad de `ponerle coto` a este tipo de `vivezas`. Este caso no es el primero, ni será el último, donde se busca burlar el sistema para obtener beneficios económicos. Sin embargo, la `pulcritud` con la que se ha llevado esta investigación es digna de `destacar`, pues involucra a varias instituciones y una `pila de` documentación. Cuando se `trabaja en serio`, se obtienen resultados.
Para `rematar`, las autoridades no se quedaron con los `brazos cruzados` solo con la pensión. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) también `metió su cuchara` y certificó que la imputada figura como propietaria de un vehículo Nissan Versa SV, año 2016, valorado en la `friolera` de RD$369,830.83. ¿De dónde sale esa `platica`, `asegún`? Bueno, `uno saca sus conclusiones`, ¿verdad? Las evidencias son `clarísimas` y `contundentes`, lo que permitió establecer no solo la falsificación de documentos, sino también los `beneficios económicos` que esta señora obtuvo de forma irregular. Ahora, el caso está en manos del Ministerio Público para que se `apliquen las leyes` como es debido.
Este caso es un recordatorio `potente` para toda la sociedad dominicana: el `tigueraje` y la `chercha` con la ley tienen consecuencias. No se puede `jugar` con la identidad de las personas ni con los fondos públicos. La `integridad` de nuestras instituciones es crucial, y casos como este demuestran que, aunque lento, el `brazo de la justicia` `al final llega`. La `cooperación interinstitucional` es clave para `sanear` el sistema y garantizar que `los que se fajan de verdad` reciban lo que les corresponde. `De verdad`, `es un alivio` ver que se está `poniendo en cintura` a quienes `juegan a pasarse de vivos`.
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