¡Klk, mi gente! Aquí estamos de nuevo, metiéndole mano a una noticia que de seguro les va a sonar de lo más familiar, especialmente a los que viven en Santiago. Y es que la justicia, señores, ¡no duerme! Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago ha dictado medidas de coerción contra dos hombres, José Luis Aquino Ynoa y Luis José Martínez de la Cruz, acusados de atentar contra el Sistema Eléctrico Nacional. Esta vaina no es chiste, y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) está bien clara en que no se puede jugar con la luz del pueblo.
La noticia, que soltó Edenorte este viernes, detalla que Aquino Ynoa, residente en Bella Vista, y Martínez de la Cruz, de Pueblo Nuevo, se vieron en el ojo del huracán. La magistrada Wendy Tavárez Cuello fue quien puso la cosa en su sitio: garantía económica en efectivo de 10,000 pesos y presentación periódica los días 12 de cada mes por seis meses para Aquino Ynoa, y 15,000 pesos con la misma presentación periódica para Martínez de la Cruz. Esto es un claro mensaje de que el tigueraje de dañar el sistema eléctrico tiene sus consecuencias. Estamos hablando de presunta violación a los artículos 124-1 y 124-V-1 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley 186-07, además de la Ley 267-68, todas relativas a atentados contra el sistema eléctrico. Una mojiganga que puede salirle muy cara a los infractores, y que afecta a un viaje de gente.
El tema de los atentados contra el sistema eléctrico nacional no es un invento de ahora, ¡qué va! Es una lucha constante que las distribuidoras, como Edenorte, Edeeste y Edesur, llevan años librando. Desde el robo de contadores hasta el daño intencional a la infraestructura para desviar la energía o sustraer componentes, estas acciones generan un golpe durísimo a la economía del país y a la calidad de vida de los ciudadanos. Pónganse a pensar en la cantidad de negocios que dependen de una energía estable, en los hospitales, en las escuelas, ¡hasta en la nevera de su casa! Cuando se interrumpe el servicio por actos vandálicos, es el dominicano de a pie el que coge la lucha, el que se queda sin luz y a veces, sin sus electrodomésticos.
La Ley General de Electricidad, la 125-01, no es poca cosa. Se puso en vigor precisamente para ponerle un freno a la viveza criolla mal entendida, esa que busca sacar provecho a costa del bienestar colectivo. Estos artículos que se les imputan a José Luis Aquino Ynoa y Luis José Martínez de la Cruz tipifican la destrucción, daño o inhabilitación intencional de equipos e instalaciones eléctricas con el propósito de robar o interrumpir el servicio. Esto no es solo un delito menor; es un atentado contra un servicio esencial que sustenta el desarrollo del país. Y es que la electricidad, señores, es el pulmón de la economía, el motor que mueve nuestra República Dominicana.
El costo de estas “gracias” es estratosférico. Las pérdidas por hurto de energía y por el daño a la infraestructura se traducen, al final del día, en mayores costos operativos para las empresas distribuidoras. ¿Y adivinen quién paga la factura? Exacto, nosotros, los usuarios que pagamos religiosamente nuestro recibo. Es un ciclo vicioso donde los buenos pagamos por los malos. Por eso, el operativo de investigación de la Dirección de Seguridad Física de Edenorte, bajo el mando del coronel Isaías Acevedo, es tan crucial. Fue gracias a su trabajo que lograron detener en flagrante delito a uno de los imputados, sorprendido en el acto de robar contadores eléctricos. ¡Ese es el tipo de acción que uno espera de las autoridades, metiéndole el pecho a la situación!
Los hechos habrían ocurrido en sectores como Bella Vista y Pueblo Nuevo, en Santiago, demostrando que este problema no respeta límites de barrio. La representación del Ministerio Público, a cargo del magistrado Patricio Rodríguez, junto a las abogadas de Edenorte, Luisa Rosa García Polanco y Yecenia del Carmen Bueno Peralta, están haciendo su coro para que la justicia prevalezca. Es fundamental que la sociedad dominicana entienda la magnitud de este problema y se involucre. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos que se están cometiendo estos actos que nos perjudican a todos. Denunciar es un deber ciudadano; es una forma de defender lo nuestro, de proteger la inversión que se hace en el sector eléctrico y de asegurar que todos tengamos un servicio de calidad.
Así que, mi gente, la próxima vez que escuchen de alguien metiendo mano con los cables o con los contadores, piensen en las consecuencias. No es solo un “chepito” o una “mañanita”; es un delito grave que impacta directamente en su bolsillo y en el desarrollo de nuestra nación. Este caso de Santiago es un ejemplo de que las autoridades están con los ojos pelaos y que el que se atreva a jugar con la luz, se va a topar con la justicia. ¡Que esto sirva de escarmiento y de conciencia!
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