¡La vaina está que arde en Venezuela! El gobierno de Rafael Lacava, allá en Carabobo, ha dado un paso al frente con una estrategia que, asegún la gente, está poniendo a temblar a más de uno: ¡recompensas por chivatear granjas de minería de Bitcoin! Y mira qué chulo, ya cayeron los primeros, confirmando que la movida no es chercha y que la inteligencia social está más activa que nunca para identificar a los que tienen sus equipos de minería digital.
No es un secreto que el Sistema Eléctrico Nacional en Venezuela lleva tiempo dando sus palos de ciego, con apagones y cortes que tienen a la gente en un constante ‘klk’. A raíz de un consumo que rompió récords históricos, las autoridades han puesto el grito en el cielo, culpando a las granjas de minería de criptomonedas por sobrecargar la red, afectando incluso circuitos que alimentan vainas tan importantes como los hospitales. Esta situación, señores, ha llevado a una prohibición absoluta de la minería en todo el territorio.
La oferta de mil dólares por cada denuncia verificada no es poca cosa, ¡es un viaje de dinero! Más que el ingreso promedio mensual que se maneja por esos lares. Esto ha generado un debate bacano, porque mientras algunos lo ven como una forma efectiva de combatir el problema eléctrico, otros cuestionan si es jevi fomentar el ‘chivateo’ entre la gente, sobre todo en un país donde la precariedad económica empuja a muchos a buscarse la vida como sea. La gente se está buscando su “dinerito” reportando a cualquiera que esté minando.
Los equipos que se llevaron en Carabobo, según lo que se ha visto, eran Antminer S9, unos mineros de Bitcoin que, aunque hicieron su historia, ya son de una generación viejita. Estos bichos son conocidos por su alto consumo energético, entre 1.3 y 1.5 kW por máquina, lo que para una granja clandestina, por pequeña que sea, representa un trago gordo de electricidad que, según las autoridades, es vital para mantener el servicio en el país. Esos equipos, que antes eran el ‘tigueraje’ de muchos, ahora son el dolor de cabeza.
El gobernador Lacava ha sido claro como el agua: ‘Tenemos que apagar hasta la última máquina que esté minando en el territorio. Aquí nadie se rinde’. Este mensaje es una señal para la población de que la vigilancia estatal sobre la infraestructura de Bitcoin y otras criptomonedas se ha puesto seria. Este operativo no solo busca resolver un problema energético, sino que también sienta un precedente fuerte en cuanto al control y la supervisión de las actividades digitales por parte del gobierno, usando la llamada ‘inteligencia social’ como su mejor arma.
Este ‘coro’ en Venezuela no solo es sobre kilovatios y regulaciones, es también un reflejo de la compleja relación entre el Estado y la economía informal. En un contexto donde la dolarización de facto y la búsqueda de alternativas económicas son el pan de cada día, la minería de criptomonedas se había convertido en una opción para muchos. Sin embargo, la falta de una regulación clara y un marco legal establecido, sumado a la crisis energética, ha empujado a estas actividades a la clandestinidad, creando un ambiente de incertidumbre y riesgo para quienes se dedican a ella.
Lo que ha pasado en Carabobo marca un antes y un después en la lucha contra la minería no regulada. Con los primeros mineros de Bitcoin confiscados y las recompensas activas, el gobierno venezolano ha validado su estrategia de incentivos económicos y vigilancia ciudadana como método de control. Veremos si este ‘bacano’ operativo logra la meta de estabilizar el servicio eléctrico o si, por el contrario, empuja estas actividades aún más a la sombra, haciendo el juego del gato y el ratón cada vez más intrincado. Es una vaina que hay que seguir de cerca.Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
