¡Ay, mi madre! La cosa se puso color de hormiga, señores. Participación Ciudadana, esa institución que siempre está de frente dando la batalla por la transparencia, ha pedido con seriedad que se investiguen unas denuncias sobre supuestos cobros políticos a empleados públicos en dos entidades que son claves para el desarrollo de nuestro país: el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA). No es cualquier vaina, y por eso han tocado la puerta del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Junta Central Electoral (JCE).
Esta solicitud se hizo pública durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, un evento donde la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, no se anduvo con chiquitas. Ella advirtió de manera clara que, si estos hechos se comprueban, estaríamos hablando de faltas administrativas que son graves de verdad y, lo que es peor, posibles violaciones a nuestra legislación electoral vigente. Es decir, que no estamos hablando de un simple relajo, sino de algo que podría jartar a más de uno y poner en entredicho la integridad de nuestras instituciones. Los cobros políticos a empleados son una práctica que, de ser cierta, socava la confianza pública y distorsiona el juego democrático.
Blanco explicó con lujos y detalles que al MAP le toca determinar si las conductas denunciadas merecen sanciones administrativas, que podrían llegar hasta la destitución de los funcionarios implicados. Mientras tanto, la JCE tiene el trabajo de evaluar el componente electoral de estos señalamientos, para ver si se han violado las reglas del juego de la democracia. Es una división de funciones clara, donde cada quien tiene que asumir su rol y no andar con titubeos.
La representante de Participación Ciudadana también cuestionó que la respuesta institucional se limite a meras solicitudes de “asistencia técnica”. ¡Klk! Según ella, lo que se necesita aquí no es un pañito tibio, sino una investigación formal, profunda y exhaustiva sobre cada una de las denuncias. Porque si no se investiga a fondo, esto se queda en el aire como una chercha y nadie sabe quién es quién.
La gravedad del asunto, según Participación Ciudadana, radica en que se trata de presiones indebidas sobre servidores públicos para que aporten recursos económicos a actividades políticas. ¡Qué bochorno! Califican esto como algo totalmente incompatible con nuestro marco legal. Imaginemos la presión que debe sentir un empleado si le están pidiendo un “diezmo” de su sueldo para la campaña. Eso no es trabajar con libertad, es trabajar con la soga al cuello.
“Estamos hablando de amenazas e intimidaciones a servidores públicos para que utilicen recursos obtenidos legítimamente con el fin de financiar campañas políticas. Esto constituye una clara violación a las leyes electorales y al Código Penal”, enfatizó Blanco García, dejando claro que esta vaina no es un chiste y que tiene serias implicaciones legales. No es solo un abuso de poder, es un potencial delito que hay que sacar a la luz.
En ese contexto, la organización hizo hincapié en que, además del MAP y la JCE, la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales debe meterle mano a esto de una vez por todas. Porque aquí no solo hablamos de faltas administrativas, sino de hechos que podrían configurar infracciones penales. Es decir, que los responsables podrían terminar viendo el sol nacer cuadrado, como dice la gente del patio, si se comprueba que estuvieron en este tigueraje.
Participación Ciudadana, con una trayectoria larga y reconocida en la República Dominicana, ha sido históricamente un baluarte contra la corrupción y la impunidad. Desde su fundación, ha documentado, denunciado y presionado por la implementación de mejores prácticas en la administración pública y en los procesos electorales. Sus informes, como el Índice de Percepción de la Corrupción, son herramientas esenciales que nos permiten a los ciudadanos y a los tomadores de decisiones entender mejor el panorama de la transparencia en el país. Son los que no se cansan de recordar que la ciudadanía tiene derechos y que los funcionarios públicos tienen deberes.
Esta denuncia de supuestos cobros políticos en el FEDA y el ITLA no es un caso aislado en la historia política dominicana. Lamentablemente, el clientelismo y la presión para financiar campañas han sido un fantasma recurrente. En muchos periodos, se ha rumorado que las posiciones en el gobierno son, para algunos, una especie de botín político, donde la lealtad se mide con aportes económicos, y no con eficiencia o vocación de servicio. Romper con esta cultura es un desafío monumental, pero necesario para consolidar una verdadera democracia.
Las consecuencias de prácticas como los cobros políticos van más allá de las simples multas o destituciones. Dañan el tejido de la confianza en las instituciones del Estado, desincentivan el servicio público basado en el mérito y la vocación, y crean un terreno desigual donde los partidos con más recursos ilícitos tienen ventaja. Si los que trabajan para el pueblo sienten que deben pagar un peaje para mantener su empleo, ¿qué clase de servicio público podemos esperar? Es un bulto que afecta a todos, desde el campesino que espera apoyo del FEDA hasta el joven que busca formarse en el ITLA.
Por eso, la exigencia de Participación Ciudadana es tan crucial. No solo piden una investigación, sino que sea una que llegue hasta las últimas consecuencias. El MAP, la JCE y la Procuraduría tienen que fajarse y demostrar que las leyes no son un papel mojado en nuestro país. Que la transparencia no es un eslogan de campaña, sino un principio fundamental que se aplica a rajatabla. La sociedad dominicana espera una respuesta contundente, no un simple coro de excusas.
En un país donde el dinero en la política siempre genera chismes y suspicacias, es vital que se actúe con celeridad y sin preferencias. La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni a medias tintas. Nosotros, la gente del patio, tenemos que estar ojo avizor y exigir que estas instituciones cumplan con su deber. Porque al final del día, una administración pública limpia y una democracia transparente son las bases para el desarrollo que todos los dominicanos nos merecemos. ¡A ver qué pasa con esta vaina!
Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
