¡Atención, mi gente! En una jugada maestra de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y su unidad especializada en crímenes de alta tecnología, le han puesto un buen *tapón* al *tigueraje* digital que anda por ahí haciendo de las suyas. Recientemente, se armó un operativo a nivel nacional que culminó con la detención de siete personas que, según las autoridades, andaban metidas hasta el cuello en un sinnúmero de estafas electrónicas, extorsiones y transferencias ilícitas que dejaban a más de uno con la boca abierta y el bolsillo vacío. La cosa está caliente con los ciberdelitos, y la Policía Nacional se ha puesto los pantalones bien para enfrentar a estos malhechores que pensaban que estaban de lo más bien con sus fechorías.
Estas intervenciones, ejecutadas en perfecta coordinación con el Ministerio Público y siguiendo al pie de la letra las órdenes judiciales emitidas por tribunales competentes, demuestran que el Estado dominicano está de verdad comprometido con la seguridad digital de los ciudadanos. No es un secreto que la tecnología avanza a pasos agigantados, y con ella, las mañas de los que buscan sacarle provecho de forma deshonesta a la confianza de la gente. Por eso, que nuestras autoridades estén ojo avizor con estos temas es una señal clara de que no se van a dejar coger de relajo.
Entre los detenidos en este operativo, que se regó por distintas provincias del país, figuran Francisca Rosalía Ynfante Gómez, Milleirys de la Rosa Sánchez, Gustavo Adolfo Márquez, José Enrique Marte de la Cruz, Israel Abad Pérez, Oscar Alfredo Olea Adames y Héctor Luis Garcia. Estos individuos son señalados como los supuestos beneficiarios de fondos obtenidos de forma ilegal, ya sea mediante engaños digitales, acceso no autorizado a cuentas bancarias, o los famosos chantajes a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería, que tanto dolor de cabeza le han dado a un viaje de gente en los últimos tiempos.
Las investigaciones han sacado a la luz que la modus operandi de estos *bacanos* incluía desde suplantación de identidad en plataformas como Facebook y WhatsApp, donde se hacían pasar por amigos o familiares de las víctimas para solicitar depósitos de dinero con cualquier excusa, hasta las temidas extorsiones por videollamadas. Sí, esas donde graban a las personas sin su consentimiento y luego amenazan con difundir contenido íntimo si no se les hace una transferencia de cuarto. Un relajo que, de verdad, le corta la respiración a cualquiera.
Además de estos casos, se documentaron accesos ilícitos a cuentas bancarias ajenas y consumos no reconocidos, dejando a muchos ciudadanos con el corazón en la mano al ver que su dinero había desaparecido sin explicación. Las sumas involucradas en estos procesos van desde los RD$14,000 hasta los impresionantes RD$400,000, un dinerito que, aunque para algunos sea poco, para la mayoría de los dominicanos es un monto considerable que les cuesta un mundo conseguir. Cada caso, según las autoridades, está bien sustentado con evidencia digital, reportes bancarios y las denuncias formales de los afectados, porque aquí no se anda con *chercha* a la hora de meter presos a los que se portan mal.
El auge de los delitos cibernéticos en República Dominicana no es un secreto. Con una penetración de internet cada vez mayor y el uso masivo de smartphones, la ciudadanía se expone a un sinfín de riesgos si no toma precauciones. El *tigueraje* del patio ha aprendido a adaptarse a la era digital, y así como uno aprende a usar un filtro en Instagram, ellos aprenden a montar un *esquema* para desplumar a los incautos. Desde el famoso ‘phishing’ con mensajes de texto que te invitan a hacer clic en enlaces maliciosos, hasta los correos electrónicos que se hacen pasar por tu banco o alguna institución, la creatividad para el mal no tiene límites.
La Policía Cibernética, una rama relativamente joven pero cada vez más vital de nuestra fuerza policial, ha reiterado que la solución de estos casos no solo fortalece la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también demuestra la capacidad del Estado para enfrentar de frente los delitos tecnológicos. Es una señal clara de que, aunque el ciberespacio sea vasto y complejo, no es un territorio sin ley. La lucha contra estos *malvados* es constante y requiere de recursos, capacitación y sobre todo, de la denuncia oportuna de la ciudadanía. Si usted es víctima o conoce a alguien que lo sea, ¡no se quede callado! Hable, denuncie, porque el silencio solo le da alas a estos delincuentes.
El impacto de estas estafas no es solo económico; el daño psicológico y emocional que sufren las víctimas es tremendo. La sensación de invasión, la vergüenza, el estrés de perder ahorros o de ver su intimidad comprometida, son cosas que marcan a la gente. Por eso, la labor de la DICRIM y la Policía Nacional es tan aplaudida, porque más allá de los números de arrestos, están devolviendo un poco de paz a esas personas que han sido objeto de un *abuso* digital. La seguridad digital es un derecho, y es el deber de nuestras autoridades velar por ella.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en sus respectivas jurisdicciones, donde enfrentarán la justicia por los cargos que se les imputan. Pero esto no se queda ahí; las pesquisas continúan de forma activa, buscando identificar posibles redes asociadas y, lo más importante, prevenir nuevas modalidades de fraude electrónico. Así que, a estar atentos, a no caer en *ganchos* fáciles y a mantener siempre la guardia alta en el mundo digital. ¡No dejen que les den un *bote*!
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