Panorama Nacional. Miguel Surum Hernández, representante de la la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, acudió este lunes a la Procuraduría General de la República para solicitar el sometimiento y apresamiento inmediato de varias personas que, según afirmó, tuvieron una participación clave en el presunto fraude cometido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Surum señaló directamente a Edgar Batista Carrasco, exgerente de Senasa y actual director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), a quien identificó como el principal responsable de la alteración del sistema informático de la institución.
De acuerdo con sus declaraciones, Batista Carrasco habría modificado los sistemas tecnológicos para crear un doble esquema de contabilidad que permitió la sustracción de más de 43 mil millones de pesos. Aseguró que, sin su participación, no habría sido posible ejecutar el fraude, pese a que hasta el momento no ha sido interrogado ni sometido por las autoridades.
Asimismo, solicitó el apresamiento de Lowell Fernández, representante de la empresa Pharmacal, a través de la cual, según indicó, se habrían lavado 2,300 millones de pesos provenientes del desfalco a Senasa. Surum destacó que Fernández es hermano del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, quien, a su juicio, debe ser investigado por su presunta pasividad ante el tránsito de estos fondos por el sistema financiero nacional sin que se activaran las alertas correspondientes.
La Convergencia también pidió el sometimiento del empresario Jhonny Morales, a quien señaló como reincidente y receptor de 95 millones de pesos mediante facturas ficticias vinculadas al fraude.
Surum cuestionó que personas a las que atribuyó un rol protagónico en el esquema, incluyendo funcionarios activos del Estado en áreas sensibles como la seguridad informática, permanezcan en libertad y ocupando cargos públicos.
Indicó que estos nombres deberían ser incluidos en un “expediente 2.0” que, según dijo, se estaría preparando como continuación del proceso judicial en curso, insistiendo en que no debe haber “vacas sagradas” en la investigación.
Finalmente, criticó que algunos imputados se encuentren cumpliendo medidas en sus hogares, pese a que se habrían manejado miles de millones de pesos mientras familias perdían parientes por la falta de recursos para tratamientos médicos.
