Panorama Nacionales._ El diputado Tobías Crespo, del partido Fuerza del Pueblo, lanzó duras críticas al Gobierno por el manejo del tránsito, al asegurar que el país aún espera la implementación efectiva del sistema electrónico de multas, pese a que la tecnología está disponible desde hace años. A su juicio, esta omisión ha generado desorden, errores administrativos y las denominadas “multas fantasmas”, que afectan a ciudadanos que no han cometido infracciones.
Crespo sostuvo que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) opera con limitaciones de recursos, mientras otras entidades intervienen en el tránsito sin un respaldo legal claro. Indicó que la dispersión de autoridades en las vías refleja improvisación y debilita la fiscalización.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Panorama de la Tarde, que se transmite de lunes a viernes por la emisora 96.9 FM, donde el legislador cuestionó además la falta de aplicación integral de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El diputado también criticó iniciativas oficiales como el programa “Parquéate RD”, al considerar que la retención de vehículos por mal estacionamiento viola derechos fundamentales, ya que dicha sanción no está contemplada en la normativa vigente. Recordó que el Tribunal Constitucional ha emitido fallos contrarios a estas prácticas.
Crespo calificó la gestión del tránsito como un “mal negocio” para el Estado, al entender que la ley se ha utilizado más para beneficiar fideicomisos y contratos que para ordenar la circulación vehicular. Mencionó además proyectos relacionados con semáforos, corredores de transporte y licencias de conducir, los cuales —según afirmó— han estado rodeados de cuestionamientos.
En el plano político, reconoció que existe un movimiento que lo perfila como posible candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional, aunque afirmó que aún es temprano para oficializar aspiraciones. Destacó que regular el tránsito con una autoridad única y bien equipada no representa un costo político, sino una necesidad social para reducir accidentes y salvar vidas.
