El Ministerio Público acusa a la empresa Transcore Latam, SRL, propiedad de Jochi Gómez, de también cometer irregularidades en los procesos de instalación y desinstalación de equipos, así como en el uso de las instalaciones semafóricas para un fin distinto al que fue contratado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El escándalo del fraude entre Transcore-Intrant salió a la luz luego de que la Procuraduría General de la República abrió una investigación, llamada Operación Camaleón, que arrojó que el director del Intrant, Hugo Beras, y el propietario de Transcore, Jochi Gómez, junto a cinco personas más, crearon supuestamente una asociación de malhechores para estafar al Estado, mediante un contrato irregular que asciende a 1,200 millones de pesos.
Además, de que la Transcore Latam, supuestamente realizó una serie de maniobras fraudulentas para resultar adjudicada con el contrato para manejar el Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, a la empresa se le acusa de reutilizar los equipos semafóricos preexistentes que desinstaló y luego de realizarles ciertas modificaciones, se apropiaron de ellos.
La solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público, como medida de coerción a los imputados del caso Camaleón, detalla que los elementos desinstalados por Transcore Latam S.R.L. fueron guardados en dos almacenes: uno en San Pedro de Macorís y otro en el almacén del Intrant en la avenida Tiradentes, del Distrito Nacional.
El órgano persecutor expresa que en la fiscalización realizada por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, se constató que la empresa seguía teniendo control sobre estos equipos desinstalados, justificando que el contratante (Intrant) no tenía espacio para almacenarlos y protegerlos de las inclemencias del clima.
Sin embargo, el expediente asegura que se observó que Transcore Latam no solo almacenó los equipos, sino que también los remodeló, cambiando el color de los semáforos peatonales de amarillo a negro y replicando piezas con materiales locales. Además, alega que los reguladores antiguos fueron pintados de azul y se les colocó el logo de la empresa.
De acuerdo al expediente que consta de 304 páginas, los investigadores del caso pudieron comprobar que el lugar donde estaban los equipos semafóricos desinstalados, operaba como si fuera un taller, debido a que el almacén presentaba rastros de pintura.
Esquema de espionaje
Asimismo, el Ministerio Público establece que la empresa Transcore Latam S.R.L cometió irregularidades en el uso de las instalaciones semafóricas para un fin distinto al que fue contratado por el Intrant.
Señala en la solicitud de medida de coerción de los encartados, que se verificó la instalación de 55 cámaras PTZ en varias intersecciones, las cuales, según Transcore Latam, eran para vigilancia privada y que se instalaron debido a actos vandálicos. Sin embargo, el órgano persecutor afirma que en realidad estas cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un esquema ilegal de espionaje.
El Ministerio Público en el expediente asegura que el alegado esquema de espionaje estaba dirigido por José Angel Gómez Canaán, Carlos Peguero, y las empresas Inprosol S.R.L. y AURIX S.R.L.
Anomalías en instalación de equipos semafóricos
También, el Ministerio Público establece que Transcore Latam S.R.L cometió anomalías en los procesos de instalación de los equipos de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El órgano persecutor de la corrupción, dice que el equipo de investigación constató que algunos equipos instalados no coincidían con los demostrados en la prueba de concepto, destacando cambios en aproximadamente el 90% de los componentes, como reguladores Econolite Cobalt, soluciones de respaldo energético, y otros elementos de comunicación y software.
Asegura que varios de los equipos identificados en campo, tenían nombres distintos a los del fabricante.
