¡La cosa se puso de a peso! En un giro que tiene a más de uno con el ‘tigueraje’ en alto, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) le puso un ‘freno’ a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), impidiendo la anunciada suspensión de servicios de salud a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro. La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue quien metió las manos al fuego, solicitando una medida precautoria que el tribunal acogió de una vez. Esta decisión, tomada en una audiencia virtual, asegura que el derecho fundamental a la salud no se vea vulnerado mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
Según la noticia, esta disposición del TSA ha dejado sin efecto, de manera provisional, el paro de servicios que Andeclip tenía pautado para el 14 de julio. El argumento principal de la DIDA, y que fue respaldado por el Ministerio Público, es clarísimo: ningún pleito económico entre los actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en una interrupción de los servicios médicos para los afiliados. ¡Y es que ellos, los afiliados, no tienen que ver con ese ‘coro’ de tarifas entre las clínicas y las aseguradoras!
La acción legal de la DIDA se dio luego de que Andeclip anunciara la suspensión de servicios electivos, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben por parte de las administradoras de riesgos de salud. Es una situación que lleva un tiempo ‘candente’, donde las clínicas sienten que lo que les pagan no da para cubrir los gastos, y los afiliados quedan en el medio, como siempre, en una ‘vaina’ que no les toca resolver a ellos.
Tras esta decisión judicial, la DIDA, lejos de cantar victoria, ha reiterado su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para que se mantengan en la mesa de diálogo. Esa mesa, coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), es el camino para buscarle la vuelta a la situación. La institución reconoce que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y necesita atención, pero insiste en que las diferencias se resuelvan por la vía institucional, sin que el pueblo dominicano se vea afectado en su atención médica.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión del tribunal como una garantía vital para todas las familias del país. Según sus palabras, lo que se ha protegido no es solo una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a seguir recibiendo su atención médica sin interrupciones. ‘El camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios’, afirmó el funcionario, dejando claro que el bienestar de la gente es lo primero.
La historia no termina aquí, mi gente. El Tribunal Superior Administrativo ha fijado la continuación de la audiencia para el 15 de julio, cuando se seguirá conociendo el fondo de la acción de amparo colectivo. Mientras tanto, la DIDA ha dicho que le dará seguimiento ‘de una vez’ al proceso y ha exhortado a cualquier afiliado que se enfrente a una negativa de servicios a comunicarse con ellos para recibir orientación y acompañamiento. ¡Así es que se hace, sin dejar a nadie desprotegido!
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