Panorama Nacional. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, recordó que está vigente la sentencia que prohíbe el uso de sobrenombres especialmente de animales, para identificar procesos judiciales, al advertir que esta práctica vulnera derechos fundamentales de las personas imputadas.
Estévez fue enfático al señalar que el desacato de este precedente constitucional resulta contrario a los valores que sustentan el Estado social y democrático de derecho, así como a los principios que rigen el proceso penal dominicano, entre ellos la presunción de inocencia, la dignidad humana y el debido proceso.
“El uso de apodos o denominaciones simbólicas en los casos judiciales no es una práctica compatible con la Constitución”, expresó el magistrado al dirigirse tanto a los medios de comunicación como a los actores del sistema de justicia.
El presidente del TC explicó que bautizar expedientes con nombres de animales o términos deshumanizantes puede generar estigmatización social, juicios paralelos y afectaciones irreversibles a la honra y reputación de los imputados, aun cuando estos no hayan sido condenados por un tribunal.
Recordó que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Casos judiciales identificados con nombres de animales
En los últimos años, varios procesos de alto perfil han sido conocidos públicamente bajo denominaciones asociadas a animales, entre ellos:
Operación Pulpo
Operación Antipulpo
Operación Coral
Operación Coral 5G
Operación Medusa
Operación Halcón
Estas denominaciones, aunque ampliamente difundidas en el discurso mediático y oficial, han sido cuestionadas por el Tribunal Constitucional por su impacto en los derechos de los imputados.
Llamado a los actores del sistema
Napoleón Estévez exhortó a fiscales, jueces, comunicadores y demás actores del sistema de justicia a adecuar su lenguaje a los estándares constitucionales, subrayando que la lucha contra la criminalidad y la corrupción no puede realizarse al margen del respeto a los derechos fundamentales.
El Tribunal Constitucional ha establecido que los casos deben identificarse por números de expediente o denominaciones neutras, garantizando así un trato digno y conforme a la Constitución para todas las personas sometidas a un proceso penal.
