¡Atención, mi gente! En una jugada que tiene a más de uno con el ojo puesto, el Tribunal Constitucional (TC) ha metido la mano y ha dejado sin efecto la orden de ‘conducencia’ que pesaba sobre la fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Rodríguez. Esta decisión, que se ha vuelto el ‘chismecito’ jurídico del momento, se tomó después de que la representante del Ministerio Público se presentara ante la alta corte para dar sus explicaciones sobre el caso.
La vaina se puso ‘prieta’ cuando el magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, quien es el presidente del TC según la noticia, tuvo que disponer la dichosa orden de ‘conducencia’. ¿Por qué? Pues porque la fiscal no se había aparecido en una audiencia anterior, a pesar de haber sido citada de una forma que no dejaba lugar a dudas. Eso impidió que se pudiera conocer el proceso, que es un recurso de revisión constitucional en materia de amparo, y el ‘coro’ se quedó en el aire.
El meollo del asunto, ese ‘tigueraje’ legal, gira en torno a un recurso de revisión constitucional interpuesto por la propia fiscal Smaily Rodríguez. Este recurso busca que el TC se pronuncie sobre una sentencia que se dictó en el 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Duarte. Aquí no estamos hablando de un caso cualquiera, sino de una situación que pone de manifiesto la importancia de que todas las partes involucradas cumplan con los llamados de la justicia, y más cuando se trata del más alto tribunal del país.
En la audiencia más reciente, el Pleno del Tribunal Constitucional, con un ‘viaje’ de magistrados presentes como Eunisis Vásquez Acosta, Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres, escuchó a la fiscal y a su abogado defensor. La cosa fue bien ‘pausá’ y profesional, donde cada quien expuso sus puntos. Después de escuchar los argumentos, el tribunal decidió que ya no era necesario mantener la orden de conducencia, pero se guardó el fallo del recurso. Esto está en línea con lo que dice el artículo 101 de la Ley número 137-11, que permite convocar a audiencias públicas para una mejor ‘sustanciación’ del caso.
Este episodio nos da una clara señal de cómo funciona nuestro sistema de justicia constitucional, donde hasta el último recurso es válido para garantizar que se respeten los derechos y procedimientos. La intervención del TC en estos casos es fundamental para mantener el equilibrio y asegurar que las decisiones de otras instancias judiciales se ajusten a la Constitución. Es un recordatorio de que aquí, en nuestro país, se busca la justicia con todas las de la ley, sin importar quién sea la persona involucrada, porque el ‘tigueraje’ de la impunidad no tiene cabida.
La expectativa ahora es grande, ya que el fallo reservado sobre el recurso de amparo es la ‘sal y la pimienta’ que todos esperamos. Será interesante ver cómo el Tribunal Constitucional, una institución que siempre está en el ojo del huracán cuando de temas importantes se trata, se pronuncia sobre esta decisión que tiene implicaciones para el sistema de justicia en la provincia Duarte y, por extensión, en todo el país. ¡A esperar el veredicto, que de seguro traerá cola y que esperamos sea ‘jevi’ para el sistema legal!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
