Santo Domingo.- Los principales aportes de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de sus tribunales inferiores en la consolidación de los derechos de la mujer, sí como la creación e implementación de mecanismos que garantizan el acceso a la justicia para el ejercicio pleno de sus derechos, fueron debatidos durante un panel organizado por la Facultad de Humanidades a través de la Escuela de Derecho de la Universidad APEC.
El panel Derecho de la Mujer y Rol de las Altas Cortes, fue celebrado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el Salón APEC de la Cultura José María Bonetti Burgos (La Casona), y contó con las destacadas juristas Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia; Army Ferreira, jueza del Tribunal Constitucional; Pedro Pablo Yermenos, juez del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana; Dolores Fernández, miembra de la Junta Central Electoral y Yildalina Tatem Brache, jurista y experta en derechos humanos.
Estuvo encabezado por Alejandro Moscoso Segarra, decano, y Rosa Luisa Fernández, directora de la Escuela de Derecho, reuniendo a distinguidas personalidades del sistema judicial dominicano, quienes compartieron valiosas reflexiones sobre los avances y desafíos en materia de derechos de la mujer desde la perspectiva de las altas instancias judiciales.
Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia, inició las intervenciones destacando los recientes avances jurisprudenciales en materia de violencia de género.
“En los últimos tres años, la Suprema Corte ha establecido precedentes fundamentales que refuerzan la protección integral de la mujer, especialmente en casos de violencia intrafamiliar y feminicidio”, señaló Salcedo.
La magistrada expuso además cinco sentencias emblemáticas que han marcado un antes y un después en la interpretación del derecho con perspectiva de género en República Dominicana.
Por su parte, la magistrada Army Ferreira, jueza del Tribunal Constitucional Dominicano, centró su intervención en el análisis constitucional de los derechos de la mujer.
“El Tribunal Constitucional ha sido un pilar en la defensa de los derechos fundamentales de la mujer, desarrollando una línea jurisprudencial clara que reconoce la especial protección que merecen las mujeres en situación de vulnerabilidad, interpretando la Constitución como un instrumento vivo que debe adaptarse a las necesidades actuales de protección”, explicó Ferreira.
La magistrada presentó estadísticas que muestran un aumento del 35 % en los recursos de amparo relacionados con la vulneración de derechos de mujeres en los últimos dos años.
Entre tanto, Pedro Pablo Yermenos, Juez del Tribunal Superior Electoral, aportó una perspectiva crucial sobre la participación política femenina. “El TSE ha sido garante del cumplimiento de la cuota de género en las candidaturas, estableciendo criterios claros para su aplicación efectiva”, afirmó.
Yermenos compartió casos emblemáticos donde el tribunal ha intervenido para garantizar la participación equitativa de las mujeres en procesos electorales, subrayando la importancia de la paridad como principio democrático fundamental.
Por su parte, Dolores Fernández, miembro del Pleno de la Junta Central Electoral, expuso las iniciativas implementadas para fortalecer la participación política de las mujeres.
“Hemos desarrollado programas específicos de capacitación y acompañamiento para candidatas, así como mecanismos de monitoreo del cumplimiento de la cuota de género”, explicó Fernández.
La funcionaria presentó los resultados de estas iniciativas, que han contribuido a un incremento del 27 % en la representación femenina en cargos electivos municipales.
El panel concluyó con la participación de Yildalina Tatem Brache, jurista y experta en derechos humanos, quien contextualiza los avances nacionales dentro del marco internacional de protección.
“Los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CEDAW representan un mínimo que debe ser cumplido y superado por nuestro sistema judicial”, enfatizó Tatem Brache.
La experta presentó un análisis comparativo de la situación dominicana respecto a otros países de la región, identificando áreas de oportunidad para el fortalecimiento de la protección judicial de los derechos de la mujer.
El debate posterior al panel permitió profundizar en temas como la necesidad de formación especializada para operadores judiciales en materia de género, los desafíos para la implementación efectiva de las sentencias con perspectiva de género, y la importancia de la colaboración interinstitucional para garantizar una protección integral.
El Decano de la Facultad de Humanidades de UNAPEC, Lic. Alejandro, hizo hincapié en el principio fundamental del respeto a la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos de las personas.
“En este marco, los derechos de las mujeres y la igualdad de género no son sólo aspiraciones, sino mandatos constitucionales. Los artículos 38, 39 y 42 de nuestra ley sustantiva lo establecen con claridad, reconociendo la equidad como un pilar inquebrantable de nuestra democracia”, apuntó.
“Además, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo refuerza este compromiso en su artículo 12, exigiendo que todas las políticas públicas, planes y programas incorporen el enfoque de género. Esto no es una opción, sino una obligación ineludible para erradicar la discriminación y garantizar que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad tangible en todos los ámbitos de la sociedad”, añadió.
El evento contó con una nutrida concurrencia, entre estudiantes, docentes, profesionales del derecho y representantes de organizaciones sociales.
La Universidad APEC (UNAPEC) es una institución de educación superior comprometida con la formación de profesionales competentes y éticos que contribuyen al desarrollo sostenible de la República Dominicana. Con más de 50 años de trayectoria, UNAPEC se distingue por su excelencia académica y su vinculación con los sectores productivos y sociales del país.
