Mientras en Santo Domingo se lanza con orgullo el Redmap, el primer mapa interactivo que ubica servicios para personas con discapacidad en todo el país, ese mismo mapa muestra zonas desérticas de servicios, sobre todo en las más remotas del llamado Sur Profundo, en la Línea Noroeste y la región Este.
El mapa, una herramienta útil y necesaria presentada por el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), también confirma una realidad dolorosa: la desigualdad territorial en la atención a las personas con discapacidad.
En provincias del Sur Profundo como Bahoruco, Elías Piña e Independencia; en la Línea Noroeste, como Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez; y en la región Este, como Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, no existen centros públicos especializados.
En otros, hay servicios limitados al nivel de educación inicial o evaluaciones muy básicas. Si bien Redmap muestra algunos centros privados o municipales, la cobertura es simbólica y, muchas veces, fuera del alcance económico de las familias rurales.
Acceso a derechos se convierte en un lujo
Según datos del CAID y el Conadis, en el país más del 12 % de la población tiene alguna discapacidad y alrededor del 80 % de estas personas viven en situaciones de vulnerabilidad económica. Si a esto se suma el aislamiento geográfico, el acceso a derechos se convierte en un lujo.
Desde el Gobierno se han anunciado planes para expandir el CAID a otras provincias, pero hasta ahora los centros físicos operativos siguen concentrados en Santo Domingo, Santiago, Duarte.
Redmap es un paso fundamental en materia de transparencia y accesibilidad de la información, pero también es un espejo: muestra cuánto falta por construir. La discapacidad no espera y las regiones profundas del país no pueden seguir siendo zonas de silencio institucional.
Centros disponibles
La mayor concentración de centros se encuentra en el Gran Santo Domingo. Aquí operan dos de las tres sedes del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), junto a una red de clínicas privadas, ONGs y centros escolares con programas inclusivos.
En Santiago, el tercer CAID ofrece atención integral, y se complementa con unidades de intervención temprana (UITT) y centros educativos con enfoque inclusivo. Sin embargo, ya en provincias cercanas como Duarte o La Vega, la cobertura disminuye: hay iniciativas privadas o educativas, pero no centros estatales de alto nivel.
Las provincias de Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Pedernales y otras del Sur profundo presentan un panorama crítico. No cuentan con CAID ni UITT, y en muchos casos los únicos registros en Redmap corresponden a centros educativos regulares o a servicios de salud general sin enfoque en discapacidad. La cobertura es simbólica o inexistente.
- En Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde, la situación no es mejor. Apenas algunas ONGs o iniciativas locales aparecen en Redmap. La mayoría de la población con discapacidad de esta zona carece de acceso a servicios especializados, salvo que se trasladen a otras regiones.
En provincias como San Pedro de Macorís, La Romana o La Altagracia existen algunas ofertas privadas o municipales, especialmente en zonas urbanas. Pero en El Seibo y Hato Mayor, la presencia institucional es casi nula. Los pocos centros existentes no tienen capacidad para ofrecer atención integral ni continuidad terapéutica.
Presupuesto destinado a la discapacidad
Uno de los factores estructurales que explican la escasa presencia de centros para personas con discapacidad en las regiones más apartadas del país es la baja asignación presupuestaria que históricamente recibe este sector.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de personas con discapacidad, menos del 0.1 % del gasto público nacional se destina directamente a programas de atención, inclusión o rehabilitación.
Esta cifra, además de ser baja, está altamente centralizada: gran parte del presupuesto es absorbido por centros ubicados en el Gran Santo Domingo, mientras que provincias como Bahoruco, Elías Piña o Hato Mayor apenas reciben recursos para servicios básicos.
A pesar de que la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación del Estado de garantizar servicios de salud, educación y rehabilitación integral.
El nivel de inversión real no corresponde con el mandato legal ni con la magnitud de la población afectada, que supera el millón de personas, según datos del Conadis.
