Panorama Nacional. En una de sus respuestas más contradictorias a una solicitud de acceso a la información pública, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) afirmó recientemente que no puede revelar el monto acumulado en las cuentas de capitalización individual (CCI) de los más de 3 millones de afiliados que no han realizado aportes en los últimos 12 meses. La razón: “por temas de seguridad de la información, estos montos no son visibles en el sistema.”
La afirmación, que figura en el documento oficial SAIP 113791, como respuesta a una solicitud elevada por Panorama representa una peligrosa línea institucional entre la opacidad y el absurdo técnico. Porque si bien es cierto que proteger los datos personales de los ciudadanos es un deber del Estado, también lo es garantizar la transparencia en el uso y acumulación del dinero administrado por las AFP, que no es otro que el ahorro forzoso de millones de trabajadores dominicanos.
Lo que SIPEN sí sabe, pero no quiere decir.
La SIPEN supervisa diariamente cada operación realizada por las AFP. Así lo ha afirmado por escrito en múltiples respuestas públicas: desde los rendimientos generados hasta los movimientos y saldos de cada cuenta, todo está bajo monitoreo. Por tanto, la entidad conoce, sin lugar a dudas, cuántas cuentas están activas, cuántas inactivas, y cuánto dinero hay en cada una.
La solicitud presentada no pedía nombres, ni cédulas, ni ningún dato personal. Solo solicitaba una cifra agregada: el total de fondos actualmente retenidos en cuentas que no han recibido aportes recientes. No hay, en ninguna legislación vigente, una prohibición para divulgar montos globales. La “seguridad de la información” invocada por SIPEN no aplica cuando no hay datos individualizados en juego.
Entonces, ¿por qué negarse a entregar ese número?
Tres hipótesis para un silencio
La negativa puede explicarse desde tres ángulos, todos preocupantes:
1. No lo saben: lo cual sería un fallo grave en la capacidad operativa del ente que supervisa un sistema financiero que mueve cientos de miles de millones de pesos.
2. No lo han querido calcular: lo que evidenciaría una falta de interés en medir un componente clave de la estructura del sistema de capitalización individual.
3. No lo quieren decir: porque divulgar el monto podría encender alarmas sobre el verdadero peso de los fondos “dormidos” en las AFP, los cuales no están sujetos a retiro inmediato, pero sí generan rentabilidad.
¿Cuánto hay realmente en esas cuentas inactivas?
Según los datos oficiales publicados por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) al 31 de mayo de 2025, y analizados por Panorama, se identifican 3,174,826 afiliados inactivos en el sistema previsional dominicano. Esta cifra resulta de restar el total de cotizantes activos (2,242,332) al total de afiliados registrados (5,417,158). La SIPEN no ha detallado el monto que representan estos fondos, ni su distribución, pese a que corresponden a recursos acumulados durante años por trabajadores que en su mayoría ya no están vinculados al sistema laboral formal. A continuación, estimamos su impacto financiero.
Con base en los datos analizados, Panorama realizó un cálculo estimado del saldo acumulado que podrían mantener los 3.17 millones de afiliados inactivos, el cual podría ascender a una cifra aproximada de RD$460 mil millones. Esta proyección se obtiene al multiplicar un saldo promedio por afiliado inactivo estimado en RD$145,000, por la cantidad de inactivos identificados en los registros oficiales de la SIPEN al 31 de mayo de 2025.
| AFP MONTO ESTIMADO FONDOS INACTIVOS | |
| Concepto | Valor estimado |
| Total de afiliados inactivos | 3,174,826 personas |
| Saldo promedio por afiliado** | RD$145,000 |
| Cálculo aplicado | 3,174,826 × RD$145,000 |
| Monto estimado acumulado total RD$ | 460,349,770,000.00 |
Datos tomados de SIPEN con corte al 31 de mayo de 2025. El saldo promedio por afiliado inactivo fue estimado en RD$145,000, equivalente a aproximadamente un 65% del saldo promedio general del sistema. Esta proyección refleja un ajuste razonable considerando la ausencia de aportes recientes y el perfil de acumulación histórica de los afiliados inactivos.
Aunque este ejemplo de cálculo pudiera resultar conservador y no distingue entre cuentas activas, mínimas o heredables, nos da una idea de lo que podría ser la magnitud de un fondo dormido que continúa generando beneficios para las AFP, pero permanece sin uso ni destino claro para quienes aportaron.
Estos montos siguen generando ingresos para las administradoras. Aunque el afiliado esté inactivo y no realice nuevos aportes, su cuenta de capitalización individual continúa generando intereses anuales, estimados en un rango promedio de entre 6% y 8%, según el comportamiento del portafolio de inversión de cada AFP. Según la Ley 13-20, las AFP cobran comisiones anuales calculadas como un porcentaje del saldo total administrado, sin importar si hubo cotizaciones recientes o si la cuenta generó rendimientos. Esa comisión se aplica sobre el saldo acumulado, incluyendo los intereses ganados. En consecuencia, incluso si el afiliado no aporta desde hace años, la AFP sigue generando ingresos anuales por administrar ese fondo, descontando la comisión directamente del monto que permanece en la cuenta.
Sin embargo, no hay información pública que detalle cómo se administran estos fondos mientras permanecen desconectados del sistema. Además, la falta de desagregación por tipo de afiliado (activo, inactivo, fallecido) impide saber qué proporción de esos fondos corresponde a personas que quizás ni siquiera saben cuánto tienen ahorrado, si murieron o no vuelven al país. Esta falta de rendición de cuentas segmentada convierte a los fondos de los inactivos en una zona gris del sistema, donde el dinero existe, pero sus propietarios no lo ven, y las autoridades no lo muestran.
Pero en otra línea de información, cuando se consultó a la SIPEN por la cantidad de solicitudes de devolución de fondos realizadas por dominicanos emigrantes, la respuesta fue que “ese dato no se tabula, porque la ley no contempla esa posibilidad”. En otras palabras, el sistema no sabe cuántos dominicanos han perdido vínculo total con su ahorro previsional al cruzar las fronteras del país. Un limbo legal e institucional que entierra millones en silencio.
La SIPEN reconoce que muchos dejan de aportar por razones estructurales como la informalidad, la cesantía, la discapacidad o el fallecimiento. Pero lo que no admite con igual claridad es que el sistema ha sido incapaz de adaptarse a estas realidades, perpetuando un modelo que sigue generando beneficios para las administradoras, mientras miles de afiliados se desconectan sin retorno. Este sistema de capitalización individual no ha desarrollado herramientas eficaces para proteger los derechos, en vida o post mortem, de los afiliados ni de sus familias.
En cualquier sistema que administre recursos públicos o privados de esta magnitud, la primera obligación es la transparencia absoluta. No basta con decir que los fondos están invertidos ni que el sistema es técnicamente sólido. Si el ente regulador no puede decir cuánto dinero hay, a quién pertenece, y por qué no se entrega, entonces no estamos ante un sistema confiable, sino ante una estructura de poder opaca donde la información crítica es una concesión, no un derecho.
El hecho de que la propia SIPEN reconozca no tener visibilidad de los saldos de millones de cuentas inactivas, y que entregue datos contradictorios sobre los fallecidos, demuestra una falla estructural de supervisión. Y mientras esa falla no se corrija, el sistema seguirá operando sobre una paradoja: el dinero está, pero sus dueños no lo ven. Y los que lo administran, lo saben.
El riesgo de normalizar la opacidad
Negarse a entregar información que permitiría al ciudadano conocer el destino y administración de sus propios ahorros no es un detalle menor. Es un síntoma de desconexión entre el sistema previsional y el principio de rendición de cuentas.
En una democracia funcional, los datos públicos , y especialmente los que afectan el bolsillo del ciudadano, deben ser accesibles, comprensibles y verificables. Lo contrario abre la puerta a la desconfianza, alimenta el descrédito institucional y consolida un modelo donde el poder sobre la información se ejerce de manera parcial.
La información no es un privilegio, es un derecho
El ahorro de los trabajadores no puede convertirse en un patrimonio administrado a puertas cerradas. Y la SIPEN, como órgano supervisor, tiene el deber legal y ético de garantizar el acceso a la información, no de bloquearlo con tecnicismos vacíos.
Pedir saber cuánto dinero hay acumulado en las cuentas inactivas no es una solicitud caprichosa ni un acto de curiosidad. Es un ejercicio legítimo del derecho ciudadano a exigir transparencia sobre el destino de recursos, aquellos que le han sido descontados de forma obligatoria mes tras mes, año tras año a un grupo voluminoso de ciudadanos. Y cuando el Estado responde que “no puede verlo”, lo que podría estar diciendo es: “no queremos que usted lo vea.”
