Santo Domingo.- El Proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, plantea preocupaciones sustantivas en cuanto a su impacto sobre el marco institucional, el desarrollo sostenible y la equidad en el acceso y provisión de los servicios de gestión de residuos.
Si bien reconocemos la necesidad de robustecer el régimen jurídico que rige esta materia en la República Dominicana, advertimos que el enfoque contenido en la propuesta comprometería los avances alcanzados en sostenibilidad ambiental y afectaría la equidad económica, la participación plural y la gobernanza democrática.
La arquitectura normativa sugerida podría propiciar una concentración indebida del mercado, limitando la competencia leal y restringiendo la incorporación de actores esenciales como las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), gestores comunitarios y empresas independientes que ya operan bajo estándares reconocidos de sostenibilidad.
Este diseño normativo podría vulnerar el principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 50 de la Constitución y contradecir el pluralismo económico que debe orientar toda política pública con impacto estructural.
Particular preocupación genera el esquema centralizado de valorización de residuos. Esta medida podría convertirse en una barrera normativa para iniciativas descentralizadas e innovadoras, especialmente en sectores como el hotelero y turístico, que han invertido de forma significativa en infraestructura para la gestión responsable de sus residuos, perjudicando mecanismos de financiamiento verde esenciales para el desarrollo sostenible.
En un contexto económico retador, la falta de armonización del nuevo sistema de contribuciones económicas propuesto podría derivar en una carga fiscal desproporcionada y carente de justificación técnica, afectando la viabilidad operativa de sectores clave y promoviendo informalidad.
Reconocemos que la iniciativa responde a una necesidad impostergable: modernizar el sistema nacional de gestión de residuos, avanzar hacia una economía circular y fortalecer los instrumentos de protección ambiental.
En ese contexto, el rol del Estado como garante del interés general y regulador de actividades con externalizares ambientales es legítimo, necesario y plenamente respaldado por el orden constitucional.
Sin embargo, la eficacia de esa función pública exige un diseño institucional equilibrado, fundamentado en principios de racionabilidad, proporcionalidad e inclusión.
Cualquier reforma que busque transformar un sistema tan transversal como el de residuos sólidos debe armonizar los fines ambientales con la sostenibilidad económica y la participación equitativa de los diversos actores involucrados. La construcción de soluciones duraderas requiere articular las capacidades de todos los sectores productivos comprometidos con la sostenibilidad.
Valoramos los esfuerzos del Estado por avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y ambiental mente responsable. Sin embargo, tales objetivos no pueden alcanzarse mediante estructuras cerradas. La sostenibilidad exige una arquitectura institucional que promueva la transparencia en el manejo de recursos públicos, fortalezca la auditoría social y garantice el acceso equitativo a las oportunidades emergentes en el proceso de transformación ambiental.
Desde FINJUS advertimos sobre los riesgos institucionales de concentrar decisiones estratégicas en un número reducido de actores, lo que podría debilitar la innovación, comprometer la calidad del servicio y afectar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a un medioambiente sano.
Asimismo, subrayamos que todo régimen de contribuciones debe guiarse por criterios de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria, diferenciando según el tipo, volumen y tratamiento de los residuos generados.
Con el objetivo de que la reforma garantice un equilibrio real entre la protección ambiental y la sostenibilidad económica de los sectores productivos, proponemos que el texto sea sometido a un proceso amplio de deliberación técnica, evaluaciones de impacto, y mecanismos de consulta pública que aseguren la participación de todos los actores clave.
Una reforma que aspire a ser legítima, eficaz y sostenible debe alinearse con los principios rectores del Estado Social y Democrático de Derecho: legalidad, participación, transparencia, inclusión y promoción del interés general.
Si bien es imprescindible generar condiciones normativas que impulsen una transformación profunda en el coprocesamiento de residuos, este proceso debe estar guiado por una visión integradora, basada en el respeto a los principios constitucionales y en la articulación de voluntades públicas, privadas y comunitarias que fortalezcan la institucionalidad democrática y ambiental del país.
