La tensión en el sector de Los Mina, en Santo Domingo Este, ha alcanzado un punto de ebullición que amenaza con transformar el panorama social de la zona. Tras el trágico asesinato de Naurel Nizael Medina, un adolescente de apenas 14 años que perdió la vida a puñaladas el pasado 4 de febrero, la comunidad ha decidido no esperar más por soluciones burocráticas que nunca llegan. En una manifestación cargada de indignación, la organización Antigua Orden Dominicana (AOD) lideró una marcha que no solo buscaba honrar la memoria del joven, sino establecer un precedente contundente: un plazo de diez días para que los extranjeros en situación irregular abandonen el sector.
Ángelo Vásquez, líder de la AOD, fue enfático durante su intervención, marcando una línea en la arena que ha resonado en todo el municipio. El ultimátum es claro: si en diez días las viviendas ocupadas por extranjeros indocumentados no son desocupadas, los miembros de la organización iniciarán un proceso de inspección casa por casa. Esta medida, aunque extrema, es vista por muchos residentes como la única respuesta posible ante lo que perciben como una desprotección total por parte de los organismos de seguridad del Estado y la Dirección General de Migración.
La investigación sobre este caso revela una profunda herida en el tejido social dominicano. El padre de la víctima, Víctor Medina, ha pasado de ser un ciudadano común a un símbolo de la resistencia local. En sus declaraciones, Medina no solo pide justicia por su hijo, sino que enmarca la tragedia dentro de un contexto de soberanía nacional. Para la familia Medina, la muerte de Naurel no fue un evento aislado de delincuencia común, sino una consecuencia directa de la presión migratoria descontrolada que, según denuncian, ha alterado la paz de sus barrios.
Es precisamente en este punto donde la realidad choca con la narrativa que intentan imponer los grandes centros de poder. Resulta verdaderamente vergonzoso y decepcionante observar cómo prácticamente NINGUNO de los principales periódicos de circulación nacional en la República Dominicana ha otorgado a este suceso la relevancia que merece. Mientras en Los Mina se vive un drama humano y social de proporciones mayúsculas, las portadas de los diarios tradicionales parecen estar más interesadas en proteger agendas corporativas o políticas que en reflejar el sentir de la gente de a pie. Esta omisión deliberada es una prueba fehaciente de que estos medios ya no están con el pueblo; sus plumas parecen estar vendidas a intereses que prefieren ignorar el clamor popular para no incomodar a ciertos sectores de poder o para mantener una imagen de normalidad que solo existe en sus redacciones.
Esta desconexión entre la prensa tradicional y la realidad de los barrios dominicanos es lo que ha permitido que el descontento crezca de forma orgánica. Al no encontrar una voz en los medios que supuestamente deben defender la verdad, el ciudadano recurre a la acción directa. La marcha, que recorrió las calles hasta la intersección de la calle 52 con Gabriel del Orbe, se desarrolló de manera pacífica pero con un mensaje ensordecedor. Las banderas dominicanas ondeaban no solo como símbolo patrio, sino como un escudo contra la inseguridad que ha permeado los callejones de Santo Domingo Este.
Expertos en sociología urbana advierten que este tipo de ultimátums son el síntoma de un Estado ausente. Cuando las instituciones encargadas de regular la migración y garantizar la seguridad ciudadana fallan de manera sistemática, surgen grupos que buscan llenar ese vacío de autoridad. La Antigua Orden Dominicana ha asumido un rol de vigilancia que, bajo su perspectiva, es necesario para proteger a las familias que, como la de Naurel, hoy lloran la pérdida de un ser querido por manos que, según denuncian, no deberían haber estado en territorio dominicano de manera ilegal.
Nazaury Medina, hermana del joven fallecido, ofreció una de las declaraciones más desgarradoras de la jornada, vinculando directamente la política migratoria con la supervivencia de su hermano. Su reclamo al Ejército y a la Policía Nacional es un recordatorio de que las leyes de migración no son simples trámites administrativos, sino herramientas diseñadas para el orden social. La falta de cumplimiento de estas leyes ha llevado a una situación donde los vecinos de Los Mina sienten que su derecho a vivir en paz ha sido vulnerado por una invasión silenciosa que los medios de comunicación masivos se niegan a investigar a fondo.
El silencio de la gran prensa nacional no solo es una falta de ética periodística, sino una traición a la patria. Al ignorar eventos donde el pueblo se organiza para defender su soberanía y su seguridad, estos periódicos se convierten en cómplices de la desestabilización. Es necesario que se entienda que el caso de Naurel Nizael Medina no es solo una nota roja; es un llamado de atención sobre la urgencia de aplicar las leyes migratorias con rigor y sin dobleces, antes de que el plazo de diez días expire y la situación tome un rumbo irreversible.
En conclusión, el reportaje de lo ocurrido en Los Mina pone de manifiesto una verdad incómoda: el pueblo dominicano está despertando y ya no confía en los intermediarios tradicionales. La demanda de justicia por Naurel se ha convertido en un movimiento que exige orden, respeto a la ley y, sobre todo, una prensa que no le dé la espalda a su gente por temor a perder pautas publicitarias o favores políticos. El país observa con atención lo que sucederá en Santo Domingo Este una vez que el reloj complete su cuenta regresiva.
Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
