¡Klk con ese ‘dineraje’ que anda rodando en Hollywood! La actriz Blake Lively, conocida por su papel en ‘Gossip Girl’, le ha puesto el pie sin miedo al actor y director Justin Baldoni, exigiéndole nada más y nada menos que 8 millones de dólares por los gastos legales en los que incurrió tras una compleja y mediática batalla judicial. Esta vaina se destapó luego de que la disputa por la producción de su película de 2024, ‘It Ends With Us’, llegara a un acuerdo, pero con la sorpresa de que Lively, aunque no recibió dinero directamente en el arreglo, ahora busca que Baldoni cubra los costos de su defensa contra la contrademanda que él presentó. Un viaje de dinero que, sin duda, ha dejado a más de uno con la boca abierta en el patio de las estrellas.
La novela legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha sido un verdadero ‘tigueraje’, cargado de acusaciones serias. Todo arrancó cuando Lively lo acusó de acoso sexual durante el rodaje de la película. Asegún, Baldoni habría orquestado un plan para dañar la reputación pública y credibilidad de la actriz como represalia. Él negó esas afirmaciones de una vez y respondió con una contrademanda por difamación y extorsión, involucrando incluso al esposo de Lively, Ryan Reynolds. Este tipo de dimes y diretes legales, que buscan silenciar o intimidar a las partes, son precisamente el caldo de cultivo para batallas costosas y prolongadas, mostrando el lado oscuro de la industria del entretenimiento.
Los detalles de esos 8 millones de dólares son una muestra de lo caro que es meterse en un ‘coro’ legal de este nivel en los Estados Unidos. Casi 7.5 millones se van en honorarios de abogados, y el resto en otros gastos operativos. Por ejemplo, uno de los letrados de Lively, Michael Gottlieb, cobró una tarifa promedio por hora de 2,187 dólares, ¡y eso fue con descuento! Esos números dejan claro que la justicia, o al menos el acceso a una defensa de primer nivel, tiene un precio altísimo, y más cuando la contraparte emplea ‘tácticas litigiosas despiadadas’, como apuntaron los abogados de Lively, diseñadas para agotar los recursos del otro.
La decisión de un juez de permitir que Blake Lively recupere parte de estos costos se fundamenta en una ley de California, que es bien ‘chula’ y protege a los sobrevivientes de acoso y discriminación sexual de demandas de represalia, conocidas como demandas anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Esta normativa es ‘bacana’ porque busca evitar que gente con recursos use los tribunales para intimidar y silenciar a las víctimas. Si una demanda por difamación se desestima, como fue el caso de la contrademanda de Baldoni contra Lively, la ley exige que el demandante pague los honorarios y costas legales de la parte acusada, salvo que se demuestre mala fe, algo que Baldoni no pudo probar.
Aunque el juez desestimó la contrademanda de Baldoni el año pasado, y también las acusaciones iniciales de acoso sexual de Lively —argumentando que no podía presentarlas porque era una contratista independiente y no una empleada en el set de filmación—, la importancia de la ley anti-SLAPP aquí es vital. Demuestra que, aunque el fondo de las acusaciones iniciales no se pudo ventilar por la vía legal específica, el ‘tigueraje’ de intentar acorralar a Lively con una contrademanda fue penalizado. Esto sienta un precedente importante para otras estrellas que se atrevan a denunciar situaciones delicadas en el ambiente laboral de Hollywood, asegurándoles, al menos, que no tendrán que cargar con todos los gastos si su contraparte intenta silenciarlas con acciones legales sin fundamento.
Este episodio no solo es un recordatorio de las complejidades legales en la industria del entretenimiento, sino también de las altas apuestas que se juegan con la reputación y las finanzas. La cifra de 8 millones de dólares es una clara señal de que el ‘brete’ en los sets de grabación puede escalar a proporciones gigantescas en los tribunales. Será interesante ver cómo se desarrolla esta situación, ya que el juez aún debe aprobar la cantidad exacta que Blake Lively está pidiendo. Sin embargo, ya es un paso firme que manda un mensaje claro a aquellos que intentan usar los litigios como un arma para intimidar. ¡Un verdadero ‘sancocho’ legal que nos tiene a todos pegados a la noticia!
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