El Tribunal Constitucional (TC) tiene en sus manos una ‘vaina’ de lo más seria: ha dejado en estado de fallo cinco acciones directas de inconstitucionalidad que apuntan directamente contra el flamante Código Penal dominicano (Ley 74-25) y, de pasadita, contra el Código Procesal Penal (Ley 97-25). Esto forma parte de un bloque de 19 expedientes que el alto tribunal ha visto en una jornada, demostrando que en el país el tema legal siempre da tela por donde cortar. El magistrado presidente del alto tribunal, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, anunció la decisión luego de escuchar las conclusiones de todos los involucrados, desde los accionantes hasta los representantes de la Procuraduría General de la República y los abogados de las cámaras legislativas.
Pero la cosa no termina ahí, ¡ni mucho menos! La corte mantiene pendientes de decisión otras cinco acciones más contra distintos artículos de la Ley 74-25, entre ellas una que ha generado un ‘lío’ nacional considerable: la que busca la despenalización del aborto, cuya audiencia se conoció el pasado 18 de junio. Este tema, como sabemos, siempre levanta pasiones y pone a la gente a debatir sin parar, marcando un punto crucial en el devenir de nuestra legislación y los derechos fundamentales en el país.
Entre los expedientes que ya están reservados para fallo, resalta de manera especial el que interpusieron la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom) y la ciudadana Rosalba Karina Díaz Crisóstomo. Su acción se dirige contra el artículo 173 del nuevo Código Penal, en un proceso que vio la participación de un ‘coro’ de organizaciones interesadas en garantizar un acceso más inclusivo a la justicia constitucional. El abogado Roberto Acevedo Martínez, quien representó a la parte accionante, explicó que el reclamo se centra en que dicho artículo no menciona la orientación sexual como categoría protegida frente a la discriminación, constituyendo una omisión legislativa que, según su argumento, debe ser remediada por el tribunal.
Sin embargo, como en todo buen debate legal, no todo es un mismo lado. El abogado Juárez Castillo, quien intervino de manera voluntaria en el proceso, solicitó al TC que rechazara íntegramente la acción directa de inconstitucionalidad. Alegó que la misma es improcedente y mal fundada, pidiendo al tribunal que declare que el artículo 173 de la referida Ley está conforme con la Constitución. Esta dualidad de posturas subraya la complejidad y la diversidad de interpretaciones que pueden surgir ante un mismo texto legal.
Mientras los argumentos se desgranaban dentro de las paredes del tribunal, afuera, en la emblemática Plaza de la Bandera, se montó un ‘tigueraje’ importante. Decenas de personas se aglomeraron frente a la alta corte, mostrando su apoyo y clamando para que la acción de inconstitucionalidad presentada por la Colesdom y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo fuera acogida. Esto es una muestra más de cómo la gente se empodera y busca incidir en las decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestra sociedad, haciendo sentir su voz en un espacio tan simbólico.
Pero las acciones contra el Código Penal no se limitan solo a esos casos. También quedaron en estado de fallo otras relevantes, como las de Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, quienes, representados por el abogado Pedro Balbuena, impugnan varios artículos (192, 208, 209, 210, 211 y 310). Fernando Almonte Almonte cuestiona un grupo similar de disposiciones, sumando además los artículos 311 y 379. A esto se le añade la acción de amparo de Guillermo Andrés Castillo Cueto contra el párrafo IV del artículo 29 de la Ley 97-25, y la del Colegio Médico Dominicano (CMD), que impugna los artículos 8 (párrafo I), 12 y 354 (párrafo I) del Código Penal, lo que demuestra un amplio espectro de preocupaciones.
Más allá de los temas penales, la jornada del TC cubrió un abanico mucho más amplio de materias. El alto tribunal también dejó en estado de fallo seis acciones vinculadas a la materia electoral, siendo esta la que mayor cantidad de expedientes debatió en el día. Entre estos casos se destacan el TC-01-2026-0024, TC-01-2026-0029 y TC-01-2026-0038, que están dirigidos contra normas emanadas directamente del Congreso Nacional, lo que subraya la fiscalización constante de los poderes del Estado.
La lista de temas es un ‘viaje’, mostrando la diversidad de asuntos que pasan por el Tribunal Constitucional. Se conocieron casos sobre residuos sólidos, con dos acciones contra la Ley 225-20; también de medioambiente, con la acción de Asoprocaso; de lavado de activos, impugnando la Ley 155-17 y la 340-22; y de legislación de drogas y salud. Otros expedientes cubrieron derecho laboral, registro inmobiliario, facturación electrónica, crecimiento económico y licencias de conducir. Todo esto demuestra que el TC es un ente fundamental para la ‘marcha’ de la institucionalidad dominicana, garantizando la supremacía de la Constitución en cada rincón de la vida nacional.
Para entender la magnitud de estos procesos, es vital recordar qué es una acción directa de inconstitucionalidad. Es uno de los mecanismos más importantes que contempla nuestro ordenamiento jurídico para asegurar que ninguna ley, decreto o reglamento pise por encima de nuestra Constitución. Cualquier interesado puede solicitar al Tribunal Constitucional que examine si una disposición es compatible con la Carta Magna, permitiendo al TC ejercer su función esencial: velar porque el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los límites constitucionales. Este procedimiento está bien detallado en el artículo 185, numeral 1, de la Constitución, y regulado por los artículos 38 al 50 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
En definitiva, las decisiones pendientes del Tribunal Constitucional sobre estas acciones de inconstitucionalidad, especialmente las que tocan el Código Penal, son de una relevancia capital para el futuro jurídico y social de la República Dominicana. El país entero está a la expectativa de cómo se desenlazarán estos ‘líon’ legales, que sin duda marcarán un antes y un después en varios aspectos de nuestra cotidianidad y derechos.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
