Aquí en el patio, el arroz dominicano no es solo un alimento; es el corazón de nuestra dieta y una verdadera columna vertebral de la economía. Y, ¡qué vaina más seria!, porque ahora mismo se la están ‘jugando’ frente a la inminente apertura comercial. Históricamente, un robusto arancel del 99 % ha sido nuestro escudo contra las importaciones fuera de cuota, protegiendo a cientos de miles de familias, a un ‘viaje de’ productores, las factorías y un sinnúmero de comunidades rurales, garantizando el abastecimiento de este cereal tan fundamental para todos los dominicanos. El dilema es claro: ¿puede el arroz dominicano, después de dos décadas de preparación bajo el DR-Cafta, competir sin esta protección arancelaria?
La controversia pica y se extiende, ya que el DR-Cafta contemplaba un período de transición para que el sector arrocero se fortaleciera. Según la noticia, el gobierno del presidente Luis Abinader ha tomado una postura firme, manteniendo el mercado prácticamente cerrado a las importaciones masivas. El Decreto 693-24 es la evidencia de esto, permitiendo la entrada de 23,300 toneladas métricas de arroz desde Estados Unidos sin aranceles, pero imponiendo un 99 % a cualquier cantidad que exceda este volumen. Esta medida estará vigente hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) dictamine lo contrario, mostrando que la cosa va ‘de la buena’ en cuanto a la protección.
El impacto de una posible crisis en el sector arrocero iría mucho más allá de los dueños de las fincas, mi gente. Datos oficiales de este año, según la noticia, confirman que el cultivo representa más del 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria y genera, señores, ¡más de 300,000 empleos directos e indirectos! El mismo presidente Abinader, en estimaciones anteriores, había señalado más de 90,000 empleos directos y unos 320,000 indirectos, además de unas 300 factorías procesadoras. La cadena productiva es compleja y vasta, abarcando desde el agricultor hasta transportistas, comerciantes, suplidores de insumos y financistas en 21 provincias del país, lo que demuestra que esta no es cualquier ‘chercha’, es una actividad vital.
Para la administración de Abinader, el arroz no es solo un producto más del mercado; es una pieza clave de la política de seguridad alimentaria y, por ende, de seguridad nacional. La noticia destaca que esta protección no responde a escasez; al contrario, el Ministerio de Agricultura ha asegurado que República Dominicana tiene capacidad suficiente para abastecer su mercado. El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, informó en abril que contábamos con más de cinco millones de quintales de arroz almacenados, sin contar la cosecha en proceso, y para 2026 se programó una producción superior a 14 millones de quintales para cereales, dominada por el arroz. Esto significa que tenemos arroz ‘de la buena’, más que suficiente para consumo interno.
La posición dominicana se basa en la preocupación por la vulnerabilidad. Depender del arroz importado, aunque en ocasiones pueda parecer más barato, nos dejaría expuestos a vaivenes internacionales. Una crisis global, problemas logísticos, aumentos súbitos de precios o restricciones de países productores podrían dejarnos ‘en el aire’ con un alimento tan básico. Esta preocupación se hizo aún más latente tras las disrupciones provocadas por la pandemia y los conflictos geopolíticos recientes, según el reporte. Por eso, según la noticia, Abinader ha elevado la seguridad alimentaria a la categoría de seguridad nacional, un paso estratégico para el país.
Ya en 2023, el gobierno había activado una comisión interministerial (Agricultura, Industria y Comercio, y Relaciones Exteriores) para blindar a los productores ante la desgravación del DR-Cafta. El Decreto 693-24 es la cristalización de esos esfuerzos, un ‘golpe de bate’ para proteger nuestra producción. Esta medida es un claro mensaje de que, para el gobierno, la autosuficiencia y la protección de nuestro ‘Arroz Dominicano’ son innegociables, un tema central que sigue en el tapete y que tiene a muchos con los ojos bien abiertos. La situación sigue en desarrollo, y la capacidad de nuestro país para mantener su sustento básico es, sin duda, una prioridad nacional.
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