El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha levantado fuertes cuestionamientos sobre prácticas que, según él, minan el Estado de derecho en la República Dominicana. Este viernes, Ulloa expresó su preocupación por las muertes de supuestos delincuentes en lo que se denominan ‘intercambios de disparos’ con la Policía Nacional, un tema delicado que siempre genera debate en el país. Además, ha lanzado una seria advertencia sobre el deficiente control en las cárceles, un foco de operaciones para el crimen organizado que parece estar fuera de control.
Según la noticia, Ulloa ha sido enfático al rechazar que la muerte de una persona pueda ser un sustituto para una condena judicial, subrayando la primacía del Estado de derecho. Su llamado es claro: la Policía debe investigar a fondo, el Ministerio Público debe acusar con pruebas sólidas, y los jueces son quienes deben dictar sentencias. Ha recalcado que la función de la uniformada es ser auxiliar del órgano acusador, y que combatir la delincuencia requiere inteligencia y expedientes robustos, no solo la fuerza. En sus propias palabras, la ‘Policía no es solamente matar y tirar’, lo que resalta la necesidad de una estrategia más integral y menos reactiva.
La situación de los ‘intercambios de disparos’ ha sido históricamente una ‘vaina’ que ha generado muchísimas preguntas y desconfianza en la sociedad dominicana. Lo que Ulloa plantea es que el uso efectivo de la fuerza debe ir de la mano con una inteligencia estatal robusta que permita desarticular las estructuras criminales desde la raíz, no solo abatir a sus miembros. Recordó, de paso, que la Constitución dominicana, en su artículo 37, protege el derecho fundamental a la vida, un principio que, a su juicio, debe ser inviolable para todos los ciudadanos, sin importar su condición.
Pero el Defensor del Pueblo no se quedó ahí. También puso sobre la mesa la preocupante realidad de cómo el ‘tigueraje’ del crimen organizado ha logrado operar con toda la tranquilidad desde algunos centros penitenciarios del país. Ulloa afirmó que ‘el viejo modelo corrompió y absorbió el nuevo modelo’ penitenciario, evidenciando una falla sistémica que permite a los delincuentes seguir haciendo de las suyas incluso tras las rejas, lo cual es un ‘lío’ de marca mayor para la seguridad ciudadana.
Para enfrentar este desafío, Ulloa ha instado a la administración penitenciaria a innovar en sus métodos de gestión. Entre sus propuestas se incluyen la contratación de personal eficiente, la implementación de tecnología de punta y una clasificación adecuada de los privados de libertad según el tipo de delito. Cuestionó, además, el elevado número de personas en prisión preventiva, sugiriendo el uso de otras medidas de coerción cuando las circunstancias lo permitan, con el fin de aliviar la sobrepoblación y reducir las oportunidades para que las redes criminales prosperen en el interior de las cárceles.
La sobrepoblación carcelaria es un factor crítico. Con una capacidad para unas 16,000 personas, las cárceles dominicanas albergan actualmente cerca de 25,000 privados de libertad. Esta situación de hacinamiento, según Ulloa, es un caldo de cultivo perfecto que facilita la operación de organizaciones criminales. Ha señalado casos específicos en centros penitenciarios de La Vega y Santiago, donde estructuras ligadas al narcotráfico y al sicariato han demostrado una alarming capacidad de operar, poniendo en jaque el orden y la seguridad dentro y fuera de los recintos.
La seriedad de sus denuncias no es un juego de niños. El Defensor del Pueblo reveló que, en las últimas dos semanas, ha recibido en cinco ocasiones mensajes que interpreta como intentos de vulnerar su integridad, originados, según su parecer, desde centros carcelarios. Esta situación, además de grave, evidencia la facilidad con la que algunos privados de libertad mantienen acceso a medios de comunicación, permitiéndoles seguir coordinando ‘vainas’ y hasta intimidar a funcionarios públicos desde dentro de las prisiones.
A pesar de estos desafíos, Ulloa sigue firme en su compromiso. Sus declaraciones se dieron en Santiago durante la jornada ‘Código Penal para la Ciudadanía’, una iniciativa del Defensor del Pueblo para explicar la nueva legislación penal en un lenguaje sencillo a la población. Esta campaña, que se desarrolla los lunes y viernes en diferentes provincias, es un esfuerzo ‘chulo’ para empoderar a la ciudadanía con conocimiento legal, involucrando a juntas de vecinos, alcaldías y otras instituciones en este importante coro.
Las firmes posturas del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, resaltan la urgencia de fortalecer las instituciones, aplicar la ley con transparencia y abordar de manera integral los problemas del sistema judicial y penitenciario. Sus advertencias y propuestas son un llamado de atención para toda la sociedad dominicana, buscando garantizar un verdadero Estado de derecho donde la justicia prevalezca y el ciudadano pueda vivir seguro y tranquilo.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
