¡Ay, Dios mío, la vida da muchas vueltas! La abogada Sandra Maribel Furcal Guzmán vuelve a estar en el ojo del huracán, y esta vez, el ‘tigueraje’ que la ha puesto en aprietos tiene que ver con un caso migratorio. A esta mujer, que ahora fue detenida en Dajabón transportando a tres ciudadanos haitianos en condición irregular en el baúl de su yipeta, ya la habíamos visto en una situación similar en 2012, cuando fue apresada en Moca por una vaina ligada a la alteración de documentos de un expediente de narcotráfico de un cliente suyo. La verdad es que un ‘historial’ como este, te deja pensando.
Asegún el reporte, la primera vez que Furcal Guzmán se vio con líos judiciales fue en abril de 2012. En ese entonces, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a una fiscal adjunta la detuvieron en el mismísimo Palacio de Justicia de Moca. La acusación no era poca cosa: presuntamente había alterado varias piezas de un expediente judicial, específicamente el de su entonces defendido, un tal Johann Manuel Herrera Blanco, quien enfrentaba cargos por narcotráfico.
De acuerdo con la información publicada por Diario Libre en aquel momento, la DNCD le atribuía haberle metido mano a las fechas de las actas de arresto y de requisa de un vehículo de Herrera Blanco, un Kia negro. La estrategia de ese ‘coro’ era, supuestamente, hacer creer que ya se había vencido el plazo legal de 48 horas para presentar al imputado ante la autoridad judicial. El objetivo estaba más claro que el agua: lograr su liberación, una movida que muchos describirían como ‘buscarle la vuelta’ a la ley.
El cliente en cuestión, Herrera Blanco, había sido apresado luego de que, presuntamente, acordara por teléfono la venta de cocaína. Cuando se dio cuenta que los agentes de la DNCD estaban por ahí, agarró su vehículo y salió huyendo. Los uniformados, de una vez, le dispararon a los neumáticos para detenerlo y así fue como lograron apresarlo. Este tipo de situaciones, lamentablemente, no son raras en un país donde la lucha contra el narcotráfico es una ‘chercha’ constante.
Lo curioso de la primera situación es que la información de entonces no detalló cuál fue el desenlace judicial del proceso contra Furcal Guzmán por la acusación de alterar documentos. Como que esa ‘vaina’ quedó ahí en el aire, sin una conclusión pública clara. Es una de esas cosas que te dejan con la intriga, ¿verdad? Uno esperaría que un caso así tuviera un cierre bien definido, pero parece que no fue así.
Ahora, catorce años después, la vida la vuelve a poner en el mismo escenario. Furcal Guzmán fue detenida por miembros del Ejército en el puesto de vigilancia de El Laurel, en Dajabón, cuando manejaba una Honda CR-V blanca. En el compartimento del equipaje, como si fueran una maleta más, estaban los tres ciudadanos haitianes en situación migratoria irregular. La intervención se produjo a las diez y pico de la noche, durante una revisión de rutina que hacen los miembros del S-2 del Ejército y los soldados en la frontera, una zona donde el ‘tigueraje’ del tráfico de personas es un tema de cada día.
Por este nuevo lío, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Dajabón le impuso medidas de coerción que incluyen presentación periódica, el cuidado y vigilancia de un garante, y un impedimento de salida del país por seis meses. Esto es mientras avanza el proceso por la acusación de transporte ilegal de extranjeros, una práctica que las autoridades fronterizas, según la noticia, intentan erradicar con ‘dientes y uñas’. El reto de la migración irregular es constante y complejo en nuestra frontera.
Y para colmo, se difundió un video donde Furcal Guzmán se ve llorando, rogándole a los militares que le dieran una oportunidad. En el audiovisual, ella también manifestó una gran preocupación por la divulgación del caso, diciendo que podía perder su puesto en el Ministerio de Educación. De paso, soltó que a los tres ciudadanos haitianos les había dado ‘una bola’. Una explicación que, con el contexto de su historial, ya suena a que está tratando de zafarse de la situación, como si fuera una ‘cosa de niños’.
Este suceso subraya la complejidad de los desafíos legales en la República Dominicana, especialmente cuando figuras del ámbito jurídico se ven envueltas en situaciones que erosionan la confianza pública. La reincidencia en casos de esta naturaleza plantea serias interrogantes sobre la ética profesional y la efectividad de los sistemas de seguimiento y control. Es una situación que no es para nada ‘chula’ y que debería servir de reflexión para todos los que trabajan con la ley.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
