La situación, o ‘klk’ como decimos aquí, en el ámbito de la seguridad ciudadana, está más que tensa. Octubre ha arrancado con 20 personas fallecidas en supuestos enfrentamientos con la Policía Nacional en apenas unos días. Este dato, según la noticia, es bien alarmante, especialmente si consideramos que septiembre cerró con un ‘viaje de’ 55 decesos, la cifra mensual más alta que la institución ha reportado en lo que va de este año. Una verdad que nos pone a pensar.
Según los informes preliminares de los cuerpos del orden, los individuos que han perdido la vida eran buscados por su presunta conexión con diversos delitos, incluyendo homicidio, robo a mano armada y el despojo de motocicletas. La institución policial aseguró que sobre ellos pesaban órdenes de captura. En medio de esta ‘vaina’, la noticia resalta el llamado del presidente Luis Abinader, quien, advirtiendo al ‘tigueraje’ con órdenes de arresto, les instó a entregarse a la justicia, pues de lo contrario, la Policía iría por ellos ‘y les iría peor’.
La escala de este desafío es considerable, ya que la Policía Nacional había informado previamente que tenía bajo su manga unas 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución. Estas órdenes estaban distribuidas en 31 clasificaciones delictivas, lo que evidencia la magnitud de la tarea que tienen las autoridades por delante.
Ante este escenario de muertes recurrentes en operativos, el periódico ‘Diario Libre’ buscó información de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la cantidad de casos investigados por el Ministerio Público y los protocolos aplicados. Sin embargo, la PGR se amparó en la reserva de las investigaciones penales y la protección de datos personales para no soltar prenda ni responder sobre los procedimientos. Una ‘vaina’ que no ayuda a la transparencia, ¿o sí?
Resulta que muchas de las preguntas de ‘Diario Libre’ buscaban cifras generales y resultados procesales, sin indagar en detalles sensibles como declaraciones de testigos o pruebas reservadas. Cosas básicas como si se preserva la escena, si se hace autopsia, análisis balísticos y pruebas de residuos de disparos, o si se recopilan grabaciones y se entrevista a testigos, quedaron sin respuesta, dejando al aire el procedimiento estándar del Ministerio Público ante estas situaciones delicadas.
La situación ha provocado que abogados de renombre, como Carlos Balcácer, junto a otros siete juristas, solicitaran ‘de una vez’ al Ministerio Público una ‘investigación inmediata e independiente’ sobre al menos 47 muertes de jóvenes ocurridas entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre. Ellos cuestionan que estos decesos sean presentados como ‘actuaciones legales’ o ‘intercambios de disparos’ sin una investigación fiscal previa e independiente.
En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Justicia, Balcácer fue directo al grano, afirmando ‘asegún’ la noticia que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, director general de la Policía Nacional, podría haber incurrido en una conducta sancionada por el nuevo Código Penal, al supuestamente exhortar, mediante la clave 29, a miembros del Dicrim a cometer asesinatos de jóvenes. ‘A nosotros nadie nos va a amedrentar’, sentenció Balcácer, dejando claro que no se iban a quedar con los brazos cruzados.
Los juristas que acompañaron a Balcácer, entre ellos Cándido Simón y Manuel Sierra Pérez, reclamaron que se esclarezcan las circunstancias de cada una de estas muertes y se determinen las posibles responsabilidades penales. Ellos piden que se examinen autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, actas procesales y testimonios. Para ellos, la lucha contra la delincuencia no puede justificar muertes arbitrarias ni excluir el derecho a la defensa y al debido proceso. ‘La eficacia contra la delincuencia no se mide en cadáveres, sino en vidas protegidas’, esa es la filosofía, y no es vaina bacana ver esta situación tan compleja.
Entre los nombres de los fallecidos que han salido a la luz, la noticia menciona a José Agustín Piña, conocido como ‘Boboli’; Wander Cuevas, alias ‘El Poli’; Adolfo María Bello Heredia, alias ‘Jhonathan’; Samuel Antonio Brook de los Santos, ‘Bombita’; y Juan Carlos Ventura García. Nombres que se suman a una lista que duele y que, sin duda, exige la atención y la claridad de las autoridades para evitar que la sombra de la duda siga empañando la confianza en las instituciones. Esperemos que todo esto se aclare bien pronto.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
