¡Qué ‘dolor de cabeza’! Madre acusa al Dintel de ‘abusos’ y exige borrar ‘ficha policial’ a su hijo

En un suceso que ha causado revuelo, Ana Montero Martínez, una madre dominicana con el corazón en la mano, ha levantado su voz para denunciar públicamente a la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel). Según su testimonio, su hijo, Miguel Ángel Fermín Montero, de 47 años, fue objeto de una ‘detención irregular’ durante un operativo policial el pasado lunes 5 de octubre en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. La preocupación principal de la señora Montero es la ‘ficha policial’ generada por este incidente, la cual teme que se convierta en un verdadero ‘dolor de cabeza’ y afecte la vida personal y laboral de su hijo a largo plazo.

El incidente, que, según el reporte, se produjo en la comunidad conocida como La Cañada, ocurrió cuando Miguel Ángel regresaba de visitar a un compañero de trabajo. Los agentes del Dintel, de acuerdo con la denuncia, lo vincularon con presuntas actividades relacionadas con drogas y le atribuyeron la posesión de un cuchillo y un punzón, acusaciones que la familia Montero niega rotundamente, asegurando que Miguel Ángel no portaba tales objetos y no tenía ninguna relación con las personas acusadas de microtráfico con las que fue detenido.

Para la familia, esta situación es un completo ‘lío’. Miguel Ángel, padre de una niña de diez años, se gana la vida como repostero, y según las afirmaciones de su madre y hermana, nunca antes había tenido problemas con la justicia. La idea de que ahora figure con una ‘ficha policial’ sin un proceso judicial claro es ‘una vaina’ que los tiene consternados, pues entienden que esto puede cerrar puertas laborales y manchar una reputación intachable en la comunidad.

El calvario de Miguel Ángel duró tres días. Tras su detención, fue trasladado por diferentes dependencias policiales, iniciando en el destacamento de Lotes y Servicios en Sabana Perdida. Posteriormente, fue llevado al popular centro de detención conocido como ‘la casita de Los Guaricanos’, para luego ser transferido a la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Finalmente, y gracias a la asistencia legal que gestionaron sus familiares, fue puesto en libertad en la Fiscalía de Santo Domingo Este, ubicada en Invivienda.

Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los ciudadanos ante operativos policiales y la importancia del debido proceso. La angustia de la señora Montero y su familia es un reflejo de lo que muchos temen: ser involucrados en situaciones sin fundamento y cargar con las consecuencias, como una ‘ficha policial’ que, en nuestro país, puede ser un estigma difícil de borrar. La exigencia de la familia de que se retire este registro es un clamor por justicia y por la protección de la honra de un ciudadano trabajador que, según ellos, no tiene nada que ver con el ‘tigueraje’ delictivo.

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