¡Qué ‘vaina’ más fuerte! La Sala de Audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha sido testigo de una decisión que ha llenado de esperanza a las familias de las víctimas de la tragedia del Jet Set. Según la noticia, el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, decidió variar la calificación jurídica del caso, pasando de homicidio involuntario a homicidio por Dolo Eventual contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del fatídico centro nocturno. Esto, para los deudos, representa una victoria con un significado profundo y gratificante, un verdadero ‘palo’ para la justicia.
El magistrado no se anduvo con rodeos, según el reporte. Su argumentación fue clara: los imputados tenían conocimiento ‘pleno’ del deterioro estructural del techo y habían recibido “advertencias claves” sobre el peligro inminente. A pesar de esto, decidieron mantener el negocio abierto, sin importar las graves consecuencias. “El tribunal entiende, sustentado en el mismo hecho, de que procede a acoger la variación de la calificación jurídica”, sentenció el juez, subrayando que el problema no era falta de mantenimiento, sino una elección deliberada de ignorar el riesgo, clave para la nueva tipificación del delito.
Para los familiares, la espera ha sido un ‘calvario’. Luis Miguel Custodio, quien perdió a su hermano en el incidente, expresó que “esto para nosotros no es una sentencia, sino el inicio de la verdad”. Esta medida responde a un pedido que ya había sido rechazado en la fase preliminar por el juez Raymundo Mejía, pero ahora, la decisión del magistrado González Castillo valida que “se podía prevenir, se tenía advertencia y eso no debía suceder”. Es un ‘paso alante’ que trae consuelo a las familias rotas.
El abogado Yan Carlos Martínez, de la parte querellante, no tardó en calificar la decisión como ‘una victoria para el país’. Sus palabras resonaron en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva: “El país recibe una victoria para la sociedad”. Este cambio de calificación, propuesto por varias barras de abogados desde el principio, representa un alivio y una ‘chercha’ agridulce para quienes buscan justicia. Es un reconocimiento legal a la magnitud de la imprudencia que llevó a la tragedia.
La tragedia del Jet Set sigue en la memoria de muchos dominicanos. Ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el merenguero Rubby Pérez animaba la noche y, de repente, el techo del centro nocturno se desplomó. El saldo fue devastador: 236 personas perdieron la vida y 180 resultaron heridas. Este suceso sacudió la nación y puso en evidencia la necesidad de un mayor control y responsabilidad por parte de los dueños de establecimientos públicos, marcando un antes y un después en la conversación sobre seguridad y negligencia en el ‘patio’.
El proceso judicial arrancó el 12 de junio de 2025, apenas dos meses después del lamentable incidente. El Ministerio Público arrestó a los hermanos Espaillat, señalándolos por ‘inmensa irresponsabilidad y negligencia’. En aquel momento, la jueza Fátima Vélez, del Tribunal de Atención Permanente, impuso medidas de coerción: una garantía económica de RD$50 millones para cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica, además de declarar el caso como complejo. Un ‘paño’ caliente para una herida tan grande que marcó el inicio de una larga lucha legal.
A lo largo del camino, no todo fue ‘coser y cantar’. El 8 de agosto de 2025, 26 recursos de apelación de querellantes buscando modificar las medidas de coerción fueron desestimados. Luego, el 6 de abril del año siguiente, el juez Raymundo Mejía dio inicio al juicio preliminar, ordenando incluso un nuevo peritaje técnico. Sin embargo, en esa etapa, el juez Mejía descartó la variación jurídica y dictó la apertura a juicio de fondo el 15 de junio, manteniendo las medidas de coerción originales. Esta fase demostró lo ‘cuesta arriba’ que ha sido el camino para los querellantes.
Con esta nueva decisión, el caso ahora pasará a un tribunal colegiado con tres jueces en la Cámara Penal del Distrito Nacional. Los hermanos Espaillat podrían enfrentar penas de 3 a 20 años de prisión, y el juicio comenzará desde cero. El magistrado González Castillo incluso destacó la “acusación casi perfecta” del Ministerio Público, a la que solo le faltaba, a su juicio, la calificación jurídica de dolo eventual que él mismo ha otorgado. Este ‘cambio de juego’ jurídico representa una esperanza renovada para que se haga justicia con todas las de la ley, ¡klk!
Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
