Panorama Nacional. Los ciudadanos Hernani A. Aquino Hernández y Ricardo Ripoll han interpuesto una acción de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, denunciando una grave falla sistémica en la gobernanza ambiental y de consumo en la República Dominicana. La acción, dirigida contra instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente (MIMARENA), el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), Pro Consumidor, INDOCAL y empresas privadas como Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Bravo y ADIPLAST, señala el incumplimiento de la Ley 225-20, que prohíbe el uso y comercialización del poliestireno expandido (foam), un material contaminante y potencialmente carcinógeno. Los demandantes destacan que la inacción estatal y las prácticas ilegales del sector privado vulneran el derecho constitucional a un medio ambiente sano y la salud pública.
A través de pruebas como una certificación de INDOCAL, que confirma la ausencia de registros de aditivos biodegradables para el foam, y un acto de alguacil notificando a las entidades, los accionantes evidencian una “falla sistémica” que compromete el Estado de Derecho. Exigen medidas urgentes, incluyendo la fiscalización inmediata, el retiro de productos no certificados, la publicación de alternativas sostenibles y una auditoría ciudadana para garantizar el cumplimiento de la Ley 225-20, cuya prohibición total del foam entra en vigor el 2 de octubre de 2025. Además, solicitan imponer un astreinte conminatorio y solidario de RD$100,000.00 por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia, a favor de una entidad dedicada a la protección ambiental.
Representados por los abogados Máximo Juan Miñoso Santoni, Hanfiel Antonio Polanco Ramos y J. Rafael Céspedes Amparo, los accionantes instan al Tribunal a declarar la urgencia de este amparo y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley, bajo pena de sanciones. Este caso busca no solo justicia, sino sentar un precedente para la protección del medio ambiente y los derechos del consumidor en la República Dominicana, promoviendo un cambio hacia prácticas sostenibles que salvaguarden la salud pública y el ecosistema.
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