La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha soltado el pitazo, lanzando una seria advertencia que pone en jaque al Congreso Nacional. El gremio magisterial ha dicho ‘¡basta ya!’ ante la propuesta de presupuesto para el 2027, el cual, según sus denuncias, reduciría la partida destinada al Ministerio de Educación (MINERD), incumpliendo la sagrada Ley 66-97 que exige el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación preuniversitaria. La presión sobre el 4% para Educación se hace sentir en cada esquina de nuestro patio.
De acuerdo al reporte, la administración del presidente Luis Abinader habría elaborado un Presupuesto General del Estado que, inicialmente, contempla una reducción de unos RD$14,000 millones para el MINERD. Lo que es peor, el Poder Legislativo está dándole mente a un proyecto de ley que amplía esta disminución a la friolera de RD$18,200 millones. ¡Una vaina que deja a uno con la boca abierta! Si esto se aprueba como vino desde el pasado 23 de septiembre, sería un nuevo año sin cumplir con lo que manda la ley.
Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, no se quedó callao. Manifestó que estas movidas presupuestarias imposibilitan atender las “necesidades de la escuela pública, que hoy son intensamente superiores a las de hace 20 años”. ¡Duro y a la cabeza! Este recorte no es un relajo; amenaza con ‘privar’ a nuestros jóvenes de una educación de calidad, dejando a miles sin aulas, sin maestros suficientes y con el hacinamiento y problemas sanitarios a todo lo que da.
Hidalgo llevó su queja directamente al presidente de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, Nolberto Ortiz. Ortiz, por su parte, aseguró que las inquietudes serían estudiadas, pero la ADP insiste en que “estamos a tiempo para rectificar esa situación en el seno del Congreso”. El ‘tigueraje’ de la ADP está tocando la puerta de cada legislador para que se pongan las pilas y oigan su reclamo, que no es más que el cumplimiento de la ley.
El gremio de maestros también puso el dedo en la llaga al cuestionar la ejecución de fondos. Asegún Hidalgo, del 2022 al 2025 se dejaron de ejecutar RD$41,535 millones. ¡Qué chismecito! Esto significa que, aún con un presupuesto aprobado, no se gastó lo necesario. La ADP está pidiendo que se garantice una partida de RD$383,784.1 millones para el MINERD, para así asegurar la correcta aplicación de la Ley 66-97. Es un pedir de justicia para la educación.
Ante el panorama, la advertencia de Eduardo Hidalgo fue clara y directa: si no les dan el 4% del PIB, se van a la explanada del Congreso Nacional. ¡Así mismo como lo oye, a las calles! Sin embargo, el presidente de la ADP confía en que su “pedido será escuchado” y que no será necesario llegar a esas instancias, prometiendo darle seguimiento al proyecto. La Ley 66-97, en su artículo 197, es diáfana al establecer que el gasto público anual en educación debe alcanzar un mínimo del dieciséis por ciento (16%) del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI), escogiendo siempre el mayor. ¡Una vaina que está escrita y debe ser respetada!
En definitiva, la ‘chercha’ se puso buena en torno al presupuesto educativo. La comunidad educativa, representada por la ADP, está de pie, exigiendo lo que por ley le corresponde. Es un llamado a la conciencia de los legisladores para que piensen en el futuro de la muchachada dominicana y aseguren una educación digna y de calidad. ¡No es un favor, es un derecho!Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).




