La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) llamó la atención sobre los riesgos que representan para el tejido industrial del país diversos aspectos incluidos en el “proyecto de ley sobre centros logísticos, empresas operadoras de centros logísticos y empresas operadoras logísticas” que se encuentra en discusión en el Senado de la República.
La AIRD sostuvo que, en diversos escenarios y por distintas vías, ha apostado a la concertación con representantes del sector público y del sector privado, mostrando su apoyo a la política pública de convertir a RD en el hub logístico de la región en lo que respecta a procesos de exportación y reexportación, pero subrayando que la pieza requiere ser equilibrada en torno al tratamiento fiscal de las importaciones que entren al país acorde al proyecto.
El gremio destacó que la aspiración de convertir al país en un hub logístico es necesaria y oportuna en el contexto de la globalización y la apertura de las economías, sin embargo, considera que aprobar una pieza legislativa donde se otorgue un tratamiento impositivo discriminatorio que atente contra la industria local, afectaría gravemente la dinamización de la economía.
La AIRD confía en que se mantendrá el diálogo reflexivo y racional, hasta tanto se logre un consenso que permita mantener los niveles de competitividad de la industria nacional. De ser aprobado el Proyecto en su redacción actual, resultaría en una contradicción a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante decreto 588-20 de fecha 26 de octubre de 2020 que declaró como prioridad nacional la industrialización para potenciar la competitividad y productividad en el país.
La industria local representa un 12% del PIB; un 16% de los aportes a la seguridad social; un 30% de las recaudaciones del ITBIS; un 37% de las exportaciones nacionales y genera cerca de 458 mil empleos directos y más de un millón de empleos indirectos.
UN APUNTE
Decreto
De ser aprobado el proyecto en su redacción actual, resultaría en una contradicción a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 588-20 de fecha 26 de octubre de 2020 que declaró como prioridad nacional la industrialización para potenciar la competitividad y productividad en el país.
