Entre los años 2017 y lo que va de 2025, el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) ha emitido 6,393 certificados de discapacidad para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), correspondiendo 363 a adultos y 6,030 a menores de edad.
De los solicitantes, 2,411 residen en Santo Domingo; 975 en el Distrito Nacional; 839 en Santiago; 247 en San Cristóbal; 218 en La Vega y 214 en La Altagracia.
Este certificado se expende de manera gratuita al presentar copia de la cédula de identidad (del padre o tutor en caso de ser menor), copia de acta de nacimiento, diagnóstico médico original, firmado, sellado y con el número de exequatur emitido por un médico especialista o psicólogo (en los casos que aplique) y los estudios donde se certifique la condición de salud del usuario.
Una vez recibido, el paciente puede optar por la ayuda de 6,000 pesos que brinda el Gobierno desde 2022 a los que califiquen tras ser evaluados por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).
A pesar de la existencia de estos certificados, no representan una cifra oficial de la cantidad de personas con TEA en el país, ya que muchos padres no realizan este trámite.
Crear registro
Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, reprocha que no se aprovechó el censo nacional realizado en 2022 para recolectar data sobre la cantidad de personas con TEA en el país y que no se maneje un registro oficial.
“Debemos primero saber qué tenemos y, en función de lo que tenemos, proyectar lo que hay que preparar y dar la atención. La Organización Mundial de la Salud dice que uno de cada 100 niños está dentro del espectro, es una problemática mundial”, comentó.
A su juicio, “hay una creciente necesidad de atención, hay una alta demanda. La gente está reportando más el espectro cuando el niño, por ejemplo, no está hablando o deja de hablar, cuando el niño tiene una conducta repetitiva, cuando el niño está muy hiperactivo, ya las personas están alertas porque se les está informando mucho por los medios de comunicación que ese niño o niña puede estar dentro del espectro”.
Quiroz criticó la larga lista de espera de hasta tres y cuatro años en las cuatro sucursales a nivel nacional del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) y confía en que se implemente la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las personas con TEA, promulgada en junio de 2023.
“Ya que tenemos una normativa, debemos avanzar por la mejor calidad de vida, porque ese niño sufre, la madre sufre con impacto emocional y económico y esa condición no deja de ser un problema de salud pública. Aquí, en el país, no tenemos medición de cada cuántos niños están diagnosticándose, estamos llamados a realizar un registro nacional de familia que la Ley 34-23 lo contempla”, explicó.
“Si el Estado no lo ofrece, las personas tienen que ir al sector privado“, dijo sobre los padres que deben migrar al sector privado para que sus hijos reciban terapias en el tiempo oportuno, incrementando el costo de los servicios.
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Quiroz, quien es padre de un adolescente con TEA, narró lo difícil que es encontrar una cita con un psiquiatra infantil, un neurólogo pediatra o conseguir aulas adecuadas, porque “actualmente, están escasos”.
“Tuvimos que involucrarnos en préstamos grandísimos para poder tenerle al niño la maestra asistente, pagar la colegiatura del colegio, pero también al mismo tiempo agregarle psicólogas y los centros de terapia. Llegamos a medir que en un mes pudimos haber gastado hasta 200 mil pesos en una atención integral”, confesó el también periodista.
Ampliar la cobertura
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Leonel Sánchez, padre de Lucas, un niño de nueve años con TEA leve-moderado no verbal, cuenta que debe invertir entre 80 y 100 mil pesos cada mes en la cobertura de todas las necesidades especiales de su hijo, incluyendo terapias tres veces a la semana, colegiatura, alimentación selecta y pago de especialistas no incluidos en su seguro de salud.
“Ha sido duro, emocionalmente, uno se pregunta: y cuando muera, ¿quién lo va a cuidar?”, admitió sin evitar que se le quebrara la voz.
Sánchez agradeció que, con su trabajo como suplidor de frutas en los mercados, y el de su esposa, han podido costear los gastos de Lucas y sus tres hermanos, pero, abogó por las familias donde los recursos no son tan abundantes.
“Hablo por esa madre soltera que tiene la carga emocional, por la que tiene que dejar de trabajar para cuidar a su niño o la que tiene que dejar al niño trancado porque no lo aceptan en la escuela. No hay empatía”, alegó.
La petición de Sánchez a las autoridades es que agreguen más centros CAID por toda la geografía nacional y que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) cubra todos los estudios para recibir un diagnóstico adecuado.
“Solo un estudio genético puede costar 60 mil pesos y la tomografía, aunque el seguro la cubre, hay que buscar 10 mil para pagar al anestesiólogo”, apuntó.
