¡Ay, mi madre! La justicia dominicana le ha puesto un ‘pare’ a la señora Elizabeth Silverio, condenándola a cinco años de prisión por ejercer la medicina ilegal. Esta ‘vaina’ ha sido un tema de conversación ‘jevi’ en todos los rincones, y es que el caso de Silverio, quien se hacía pasar por neurocientífica y trataba niños con autismo en el Centro Kogland, ha dejado a la gente con la boca abierta. La jueza Milagros Ramírez Cabrera no se anduvo con chiquitas, sentenciándola además al pago de dos millones de pesos de indemnización. Un ‘coro’ completo que nos hace reflexionar sobre la seriedad de los servicios de salud en el país.
La Ley General de Salud, la 42-01, es clara como el agua de coco: para ejercer cualquier profesión médica aquí, hay que tener el ‘exequatur’ al día y los títulos verificados. No es un ‘disparate’ cualquiera; es una garantía para el pueblo, para que la gente pueda confiar que quien los atiende o trata a sus hijos está debidamente calificado. El Ministerio Público dejó claro que Silverio usaba documentos falsificados, incluidos títulos universitarios y un exequatur que ni existía. Imagínense el ‘tigueraje’ para armar todo ese esquema, engañando a familias que lo que buscaban era una esperanza para sus muchachitos.
Asegún Silverio, ella es el ‘tapadero’ de la realidad del país y que no le han demostrado con hechos los daños a los niños. ¡Qué ‘vaina’! Es comprensible que se defienda, pero la percepción pública y la evidencia presentada por la fiscal Magalys Sánchez Guzmán pintan un cuadro distinto. Este tipo de situaciones no solo defraudan la confianza, sino que ponen en riesgo la salud y el bienestar de los más vulnerables. Es un recordatorio de que uno no puede confiar en cualquiera que se ponga una bata blanca, por más ‘chulo’ que se vea el consultorio.
Para los padres de niños con autismo, la búsqueda de terapias y soluciones es una odisea, y la desesperación puede llevarlos a confiar en promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad. El caso de Kogland y Elizabeth Silverio resalta la necesidad de una mayor vigilancia y educación para las familias. Es crucial que antes de invertir dinero y esperanzas en cualquier centro o terapeuta, se verifique que todos los profesionales cuenten con las acreditaciones legales requeridas por el Ministerio de Salud Pública. No es cuestión de ser ‘chismoso’, sino de proteger a nuestros ‘querubes’.
El abogado de Silverio, Waldo Paulino, ha dicho de una vez que van a apelar la sentencia. Él sostiene que no se pudo demostrar que su clienta ‘realizó un título falso’, sino el uso de una ‘falsa calidad’. Este es el próximo capítulo en este ‘serial’, y será interesante ver cómo se desarrolla en las instancias superiores. La justicia es lenta, pero según dicen, llega. Mientras tanto, el revuelo que ha causado este caso de seguro pondrá a más de uno a ‘guayar la yuca’ en los centros que andan por ahí ofreciendo servicios sin la debida regulación.
Este caso no es solo la condena a una persona; es una llamada de atención para el sistema de salud y la sociedad dominicana en general. Nos invita a ser más críticos, a investigar a fondo y a exigir transparencia. Las autoridades, por su parte, tienen la tarea de reforzar los mecanismos de control y castigar con todo el peso de la ley a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad ajena. Porque, ‘klk’, la salud del pueblo no es un juego ni un ‘negocito’ de cualquiera.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
