La Oficina Nacional de Defensa Pública ha reiterado este sábado su llamado urgente a las autoridades para intervenir de manera definitiva en el Centro de Privación de Libertad El Pinito, en la provincia La Vega, a propósito de la denuncia de una serie de abusos, tratos crueles e inhumanos que supuestamente han tenido lugar en la prisión desde 2018.
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, ha solicitado la remoción inmediata de todo el personal penitenciario y la sanción ejemplar de los responsables, ante “un historial alarmante de motines, asesinatos planeados y golpizas mortales”.
Mediante un comunicado de prensa, denuncian que uno de los casos más recientes que ha generado conmoción es la muerte de Wilber Nicolás Vargas, quien falleció después de sufrir un trauma cráneo encefálico a raíz de golpes propinados por agentes penitenciarios. Afirma que este suceso está siendo investigado por la Procuradora Fiscal de La Vega, Magistrada Aura Luz García, y se suma a una larga lista de episodios que evidencian un patrón sistemático de violencia institucional en el centro.
El comunicado detalle que en enero de 2024, otro interno murió por envenenamiento, lo que llevó a la prisión preventiva del supervisor Delvis Johnson Minaya Rodríguez y del interno José Francisco Hiciano Moya.
Además, la Defensa Pública recordó un incidente ocurrido en julio de 2018, cuando varios internos del pabellón B-3 fueron brutalmente golpeados, uno de los cuales requirió cirugía debido a las lesiones. Agentes como Montas, Aquilino, Tapia y otros supervisores han sido señalados en múltiples ocasiones por conductas abusivas.
La violencia en El Pinito también ha dejado huella en otros casos, como el asesinato de Jorge Miguel Villafaña, alias Bombo, apuñalado en abril de 2022 dentro de su celda, y el secuestro de un agente penitenciario en junio del mismo año. Más recientemente, en 2024, internos como Omar de Jesús Vélez y Alexander José Hernández Burgos denunciaron haber sido víctimas de golpizas brutales por parte de agentes como Agramonte y Beltre, quienes han sido reiteradamente acusados de prácticas violentas.
“Un centro marcado por el abuso y la impunidad”
La situación en El Pinito ha llevado a la Defensa Pública a realizar constantes denuncias y levantamientos penitenciarios que han expuesto las condiciones inhumanas y degradantes en que se encuentran los internos. En agosto de 2024, se reportó el caso de Carlos Daniel Henríquez Guerrero, quien pasó dos meses en aislamiento sin acceso a agua potable ni condiciones mínimas de dignidad, sin justificación disciplinaria alguna.
Ante esta realidad, Rodolfo Valentín Santos ha solicitado formalmente al director de Servicios Penitenciarios y a la Procuradora General de la República, magistrada Miriam Germán, que se desvinculen de inmediato a los agentes implicados en estos abusos y se realice una investigación exhaustiva para garantizar justicia a las víctimas y evitar que se repitan tales atrocidades.
El Director de la Defensa Pública también ha hecho un llamado urgente al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, para que intervenga de manera decidida en esta situación crítica, enfocándose en la defensa de los derechos humanos de los internos y no en la política.
Valentín Santos instó a Ulloa a poner atención inmediata a este grupo altamente vulnerable, que sufre abuso sistemático por parte de los agentes penitenciarios. “La intervención es crucial para proteger los derechos humanos y evitar nuevas violaciones en este centro de reclusión”, dijo.
Compromiso con los derechos humanos
La Defensa Pública reitera su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y hace un llamado a las autoridades para que cumplan con la Constitución y la Ley 113-21, que establece la reinserción social como el objetivo principal de la pena.
“La impunidad no puede ser la norma en El Pinito. Es hora de devolver la dignidad y el respeto a quienes cumplen condena en este centro”, concluyó Rodolfo Valentín Santos.
