El control obligatorio para migrantes indocumentados ha sido implementado por la administración estadounidense, exigiendo que aquellos que permanecen sin autorización en el territorio proporcionen sus datos personales bajo advertencia de penalizaciones económicas o reclusión, según reveló este martes The Wall Street Journal, fundamentándose en archivos que contienen un esbozo de la normativa.
Los documentos evidencian que los migrantes indocumentados, incluyendo jóvenes desde los 14 años, deberán suministrar impresiones digitales y localizaciones residenciales al control obligatorio. Quienes evadan este procedimiento podrían enfrentar sanciones monetarias que alcanzan los 5.000 dólares y periodos de reclusión de hasta medio año.
– Requerimientos Inmediatos –
Como parte de esta estrategia, se demanda que cualquier individuo que resida irregularmente en el país y no haya tenido interacciones con instancias gubernamentales, por ejemplo, al gestionar protección internacional o una autorización laboral, se presente. Para facilitar este proceso, el gobierno del presidente Donald Trump ha diseñado un formulario de control obligatorio y ha concedido un plazo de un mes para su cumplimentación.
Históricamente, los extranjeros que permanecían sin documentos en territorio estadounidense perpetraban una falta administrativa y podían ser capturados y expulsados, pero no se consideraba que hubieran cometido una infracción de carácter penal, detalla WSJ.
– Enfoque Oficial –
“No estamos creando legislación nueva. Simplemente estoy declarando que voy a garantizar el cumplimiento de nuestra normativa vigente”, explicó a Fox News la titular de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Utilizaremos esta herramienta para asegurar que respetamos nuestras leyes, ofreciendo a estas personas la posibilidad de retornar a sus países y formar parte del porvenir de nuestra nación por los conductos adecuados”, agregó.
Mientras tanto, especialistas en derecho señalan que iniciar procedimientos contra presuntos infractores podría sobrecargar los recursos fiscales y incrementar la población penitenciaria, considerando que los migrantes indocumentados raramente disponen de los medios económicos para cubrir penalizaciones tan significativas.
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