Siete de cada diez micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la República Dominicana aún no han adoptado la digitalización, o lo han hecho de manera incipiente, según datos presentados por María Walesca Álvarez, coordinadora del Comité de Tecnología y Comunicaciones de la iniciativa Meta RD 2036. Esta revelación se dio en una sesión ampliada del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, el pasado jueves en el Salón Las Cariátides en el Palacio Nacional.
Durante el encuentro, Álvarez desglosó las cuatro iniciativas priorizadas por su comité, que buscan acelerar la transformación digital del país. La estrategia se enfoca en dos pilares fundamentales: mejorar la infraestructura tecnológica y fortalecer las capacidades de las MIPYMES.
Reducción de costos y mayor conectividad
Una de las iniciativas más destacadas es la aplicación del Acuerdo sobre Tecnologías de la Información (ATI), que busca eliminar los aranceles a productos tecnológicos.
Según Álvarez, esta medida podría aumentar las importaciones de equipos entre un 15% y un 25%, lo que se traduciría en menores costos para los operadores y, más importante, en una mayor accesibilidad tecnológica para los usuarios finales, incluyendo a las pymes y las personas.
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El segundo punto clave es la homologación de procesos, tarifas y arbitrios a través de una ventanilla única de telecomunicaciones. Actualmente, la falta de homologación provoca que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones tome entre 6 y 12 meses. Con esta iniciativa, el tiempo se reduciría drásticamente a 2-4 meses, lo que representa una mejora de la eficiencia operativa del 60% al 80%.
La medida no solo agilizaría los proyectos, sino que también impulsaría la inversión. Se estima que, debido a estos retrasos, entre $30 y $50 millones de dólares dejaron de ser invertidos en el país. Con la homologación, las inversiones anuales del sector podrían aumentar entre un 25% y un 35%.
Innovación y claridad fiscal
Para abordar directamente la baja digitalización de las MIPYMES, se propone desarrollar una red de centros de innovación distribuidos en todas las regiones. Estos centros estarían orientados a la transformación digital de las empresas y, en combinación con la implementación progresiva y obligatoria de la facturación electrónica, podrían impactar positivamente a entre un 60% y un 70% de las pequeñas empresas formales.
Finalmente, la cuarta iniciativa busca aclarar y visibilizar el tratamiento fiscal para bienes intangibles, como el software y las licencias, tal como ya está establecido en el Código Tributario. La ambigüedad actual sobre la aplicación del ITBIS en licencias de software desincentiva la formalización tecnológica.
Al proveer claridad sobre esta ley, se podría lograr un incremento de entre un 20% y un 30% en la adopción tecnológica, impactando a cerca de 70,000 a 90,000 MIPYMES en sus procesos de digitalización.
Estas iniciativas forman parte de la estrategia Meta RD 2036, un esfuerzo coordinado para sentar las bases de un desarrollo nacional sostenible y competitivo.
