La historia de Erinson Polanco es de esas que te rompen el alma y te hacen preguntar, ¿pero qué vaina es esta? Este joven dominicano está metido en un verdadero “limbo jurídico”, una situación que le impide tener una vida normal, acceder a derechos básicos y, en definitiva, ser reconocido como ciudadano. Es increíble que en pleno siglo XXI, una persona esté sin cédula, sin un acta de nacimiento, viviendo como un fantasma en su propio país. Ya Erinson ha bregado un viaje en la Junta Central Electoral (JCE), recibiendo un sinfín de papeles, pero el final del túnel no se ve ni de cerca.
Estar en un “limbo jurídico” en República Dominicana no es un relajo, mi gente. Significa no poder trabajar formalmente, no poder ir a la universidad, ni siquiera tener acceso a servicios de salud pública de manera regular. Imagínense no poder votar, abrir una cuenta bancaria, o sacar un pasaporte para jacer un viaje. Es una vaina que te traba la vida por completo, te deja atado de pies y manos. Erinson no puede demostrar quién es, lo que lo convierte en un ser invisible para el Estado y para la sociedad, una situación que viola su derecho fundamental a la identidad, reconocido en nuestra Constitución y en pactos internacionales.
Las causas de esta problemática son complejas y tienen raíces profundas en nuestra historia. A menudo, estas situaciones de indocumentación provienen de nacimientos no declarados a tiempo, padres que tampoco tienen sus documentos en regla, o incluso errores burocráticos y negligencia que se arrastran por décadas. En muchos casos, los partos ocurrían en casa o en zonas remotas, donde la cultura de registrar al recién nacido no era prioridad o simplemente no había acceso a los centros de registro. Es un tema que va más allá de un simple olvido; es una herencia de vulnerabilidad social y exclusión que el Estado debe saldar.
La Junta Central Electoral, aunque ha intentado implementar programas para regularizar a personas en situaciones similares, se enfrenta a un desafío enorme. Cada caso de indocumentación es un mundo aparte, con sus propias particularidades y complejidades. A veces faltan testigos, otras veces los padres han fallecido, o las informaciones que se tienen son contradictorias. Es un proceso tedioso y burocrático que puede agotar a cualquiera, y el “tigueraje” de la calle a veces complica aún más la situación de quienes buscan una solución, cayendo en manos de vivianes que prometen lo que no pueden cumplir.
El impacto de esta invisibilidad va más allá de lo legal. Afecta la autoestima del individuo, su salud mental y su capacidad de desarrollo personal. Erinson, como otros en su misma situación, está condenado a la informalidad, a trabajos precarios y a una vida de incertidumbre. Esto crea una población marginalizada, vulnerable a la explotación y con poca voz para reclamar sus derechos. Es una chercha de la que nadie debería ser parte, pero lamentablemente es la realidad de muchos.
Para la República Dominicana, tener una porción de su población sin identidad formal es un freno al desarrollo. Dificulta la planificación de políticas públicas efectivas en educación, salud y vivienda, ya que es imposible saber con exactitud a cuántas personas se debe servir. Además, alimenta un ciclo de pobreza y exclusión que es difícil de romper. Es una llamada de atención para que nuestras autoridades pongan más empeño y recursos en resolver estas “vainas” que son tan fundamentales para la dignidad humana.
La historia de Erinson es un claro recordatorio de que la identidad no es solo un papel; es la llave para la vida. Urge que la JCE, el Gobierno y la sociedad civil hagan un coro más fuerte y encuentren una salida definitiva para estos hermanos nuestros que claman por ser reconocidos. Es hora de que se termine este calvario y que gente como Erinson puedan, por fin, vivir de lo más bien.
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