En la República Dominicana de mediados del siglo XX, cuando la palabra “industria” apenas empezaba a sonar a futuro, un visionario empresario salvadoreño, Elías Gadala-María Dada, llegó al país con capital, contactos y una visión que, de verdad, estaba adelantada a su tiempo. Su apellido, que hoy está metido en un enredo judicial de los buenos, con acusaciones y controversias ambientales, arrastra una historia que es un verdadero novelón, y que arrancó mucho antes de que el Parque Nacional Jaragua se volviera un tema de conversación nacional o de las sentencias del Tribunal Superior Administrativo.
Este asunto con el Estado Dominicano es un recordatorio de cómo la historia, a veces, nos pasa factura. Entre 1957 y 1960, Gadala-María anduvo por aquí como agregado comercial de Costa Rica, pero su verdadero plan no era diplomático, no señor. Él venía a echar pa’lante como empresario. Compró acciones en la Industria Nacional del Vidrio y Fasaco, impulsó proyectos textiles, y le metió los cuartos a la sal, el yeso y el sisal. En una economía donde casi todo pasaba por el cedazo del régimen trujillista, él intentó abrirse un espacio para una industria moderna que, según sus descendientes, no dependiera exclusivamente del monopolio político. ¡Un valiente, la verdad!
El país vivía bajo la sombra pesada de Rafael Leónidas Trujillo. Prosperar sin tocar al régimen era una odisea, y hacerlo sin que la gente te mirara con sospecha, ¡eso sí que estaba difícil! Tras el ajusticiamiento del dictador en el 1961, la nueva atmósfera política no significó justicia automática para todo el mundo. A veces, la vaina se ponía de relajo y significaba revancha, una confusión de marca mayor o simplemente ajustes de cuentas al estilo dominicano.
Entonces vino el estigma. En 1962, la famosa Ley 5816 ordenó la confiscación de bienes de personas vinculadas al régimen. Y adivina qué, el nombre de Gadala-María apareció en esa lista, señalado como supuesto testaferro, acusado de enriquecimiento ilícito y de cosas más feas, como usar presos políticos como mano de obra. Meses antes, ya le habían quitado de una vez y por todas dos de sus industrias: Sal y Yeso Dominicanos y Sisal Dominicano. ¡Qué lío!
La familia siempre ha dicho que aquella acusación fue una mancha sin pruebas contundentes. Que el empresario vino con su propio capital, que sus cuartos no nacieron bajo la sombra del trujillismo. Pero, mi gente, en aquellos años tan revueltos que siguieron a la dictadura, la presunción pública casi siempre se inclinaba hacia la culpa. Era un tigueraje, pa’ que sepas.
El cuento familiar insiste en que Gadala-María fue al Tribunal de Confiscaciones a defenderse. El expediente judicial, que era un verdadero mamotreto, terminó el 9 de julio de 1969 cuando la Corte de Apelación de Santiago lo declaró “no culpable de enriquecimiento ilícito” y ordenó que le devolvieran sus industrias. Ese día, en papel, el estigma se limpió. Pero la historia, como un buen merengue, no termina ahí, ni de cerca.
Aunque recuperó algunos bienes y títulos, la devolución completa, ¡qué va!, nunca se ejecutó. En 1966, con la creación de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), muchos activos confiscados –incluidos los de él– fueron transferidos a esa estructura pública. El Estado se convirtió en administrador y, luego, en sepulturero de varias de aquellas empresas que estaban de lo más bien. La historia de CORDE en sí misma es un capítulo aparte de la economía dominicana, un ente que acumuló un sinnúmero de empresas, muchas de las cuales terminaron en el hoyo por mala gestión o por la política de turno, dejando al país con una deuda histórica y un montón de activos improductivos.
Según el relato de sus descendientes, lo que la sospecha no pudo destruir, la burocracia lo terminó por quebrar. ¡Qué dilema! Décadas más tarde, Joaquín Balaguer, que era un maestro de la política, lo designó asesor honorífico de la Presidencia. Un gesto que, visto en retrospectiva, parece un reconocimiento tácito de que el empresario no era el caricaturizado testaferro del régimen. Sin embargo, la restitución plena, los bienes que le tocaban de verdad, nunca llegaron. Se quedaron en el aire, como dicen.
Los Gadala-María sostienen, con toda la razón, que el Estado se apropió y quebró industrias que pudieron haber sido pilares del despegue productivo dominicano. Y que, 64 años después, la deuda patrimonial sigue ahí, abierta, como una herida que no cicatriza. Es un tema complicado, señores, y no hay quien lo niegue.
Las huellas de aquel emporio disperso todavía se pueden rastrear en el mapa. En Santo Domingo Este, la parcela 81 –donde hoy se levantan instalaciones de AES Dominicana y el Palacio de Justicia– era parte de ese entramado empresarial. En la avenida Máximo Gómez, frente al Cementerio Nacional, operaban Fasaco y la refinería de Sal y Yeso; hoy funcionan allí oficinas públicas y edificios de apartamentos. En el sur profundo, plantaciones en Azua, Oviedo y Pedernales –incluida la zona donde se encuentra el Parque Eólico Los Cocos, una muestra del desarrollo energético del país– formaban parte de su patrimonio. También en el norte del país, en zonas que son clave para la agricultura y el turismo.
El relato adquiere, entonces, un tono casi simbólico: el Estado que heredó la transición democrática terminó administrando –y transformando– espacios que antes le pertenecieron a un extranjero que le apostó a industrializar el país. Es un reflejo de cómo la República Dominicana ha lidiado con su pasado, mezclando la búsqueda de justicia con la maraña burocrática y los intereses políticos que a veces nublan el camino.
El caso Gadala-María es, en el fondo, una ventana abierta a la transición dominicana. Muestra cómo el proceso de desmontaje del régimen trujillista produjo, junto con justicia necesaria, unas zonas grises donde la confiscación y la política se mezclaron de una forma que nadie entiende. Y cómo, décadas después, esos vacíos reaparecen en tribunales administrativos y debates ambientales, como un fantasma del pasado. La pregunta que flota en el aire es incómoda: si un tribunal absolvió y ordenó devolver, ¿por qué la restitución nunca fue plena? Y si el Estado se apropió y quebró empresas, entonces existe una responsabilidad patrimonial pendiente. Más allá de simpatías o reservas, el caso interpela al Estado dominicano sobre su propia memoria institucional. No solo sobre lo que confiscó, sino sobre lo que hizo después con aquello que confiscó. Los apellidos, al final, no son solo linaje. Son archivo. El de los Gadala-María parece todavía abierto, y con mucha tela por cortar.
La historia volvió al centro del debate con la reciente sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo sobre el Parque Nacional Jaragua. El nieto, Ricardo Gadala-María, asegura que su abuelo compró terrenos en disputa a la familia Mota y que el reclamo actual no busca apropiarse de áreas protegidas, sino exigir la aplicación de la Ley 266-04 que crea el Polo Turístico de la Región Suroeste. Las tierras son legítimamente de la familia, aduce, desde hace un viaje de tiempo. Este es un punto crucial, pues la Ley de Áreas Protegidas, aunque necesaria, a menudo choca con derechos de propiedad preexistentes, creando estos dilemas legales que son un verdadero dolor de cabeza.
El conflicto ya no es solo patrimonial; ahora es ambiental, jurídico y político. De un lado, grupos ecologistas alertan sobre el precedente que podría sentar la reducción de áreas protegidas. Del otro, los herederos argumentan que existen derechos adquiridos previos a la declaratoria ambiental y que la ley permite la coexistencia de propiedad privada con restricciones de uso. Es como un coro donde nadie se pone de acuerdo. Esta controversia reaviva un viejo dilema dominicano: ¿cómo equilibrar desarrollo y conservación? ¿Cómo reparar injusticias históricas sin abrir puertas peligrosas para nuestro valioso patrimonio natural?
Ricardo Gadala-María denuncia una campaña de descrédito contra su apellido. Niega que pertenezcan a una “mafia” de apropiación de tierras y anuncia acciones legales por difamación. Asegura que antes de ir a los tribunales, le mandaron cartas al presidente Luis Abinader y al ministro de Medio Ambiente, ¡pero sin obtener respuesta! La familia habla de 20,000 documentos que probarían que el capital del patriarca no nació al calor del trujillismo, sino que fue traído desde el extranjero, cuartos legítimos. Sus detractores, en cambio, sostienen que nadie prosperaba en aquel sistema sin alguna forma de connivencia. En ese cruce de memorias y sospechas, la verdad histórica se vuelve más compleja que un simple expediente judicial. Y así, mis queridos lectores, la historia de los Gadala-María sigue dando de qué hablar en nuestro querido patio.
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